México, DF.- El senador Jesús Casillas, presentó ayer una iniciativa para sancionar a gestores que ejerzan intimidaciones contra deudores, en primer lugar para que se reconozca esta práctica que se ha venido generando desde 1985 cuando el sistema de adquisición de bienes se ha incrementado a través del crédito.
Entrevistado por el equipo de “Atando cabos” el senador dijo que más de cinco millones de personas se encuentren en el buró de crédito o deudores en mora, pero si a eso se suma que no hay una cifra registrada de aquellos deudores con tiendas departamentales, mueblerías, telefonía celular, empresas de gas, televisión por cable, la cifra incrementaría considerablemente.
“El tema es que la situación económica ha obligado a muchos mexicanos a caer en mora, de alguna manera en contra de la voluntad, lo cual se agrava porque tanto las instituciones financieras como comerciales entregan su cartera vencida a despachos, a gestores que tramitan el pago y en algunos casos emplean métodos que no son apropiados para lograrlo”, dijo.
Entre esas formas se encuentran llamadas telefónicas en la madrugada, los fines de semana, a parientes al centro de trabajo, a quienes fueron señalados como referencias y no fiadores, lo cual se vuelve un agobio.
Otra de esas prácticas es la colocación de anuncios o notificaciones en las viviendas que aparentan ser notificaciones judiciales cuando no lo son, avisos de que en 72 horas serán embargados, que tienen un adeudo, y que serán acreedores a sanciones de carácter civil como penales.
Además, utilizan métodos de presión para intimidar a los pobladores de la casa, cuando ni siquiera son los deudores, por ejemplo personas solteras que viven en la casa de sus padres que sacan un crédito y a los padres que son los propietarios de la vivienda son a los que amenazan con que les van a quitar sus bienes para obligarlos, aunque no tengan el compromiso crediticio a pagar la deuda.
Ante ello, dijo el senador, lo que se está haciendo con la iniciativa es en primer lugar el reconocimiento a un cobre extrajudicial, para normarlo, fundamentándolo para salvaguardar la dignidad de las personas.
Dijo que se plantea reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor por lo que ve a las instituciones comerciales y a la Condusef a través de la Comisión de Transparencia y Operaciones Financieras en lo que tiene que ver con adeudos con instituciones bancarias.
El priista refirió las reformas al Código Penal que tiene que ver cuando a través de ese tipo de acciones se logra un lucro indebido, es decir “llega uno de los gestores, hacen cuentas alegres del adeudo inicial, aparecen gastos de cobranza, de investigación, intereses del IVA, y una cuenta de diez mil se convierte en una cuenta de 50 mil y en apariencia les hacen un favor como un descuento del 50 por ciento y les cobra 25 mil, prácticamente triplicar la deuda cuando no corresponde”.
Entonces, dijo, lo que se está proponiendo es que cuando se ejerza coerción para sacar un lucro indebido es equiparlo con extorsión y los deudores que se vean en esa situación podrían presentar una denuncia de carácter penal ante una agencia del Ministerio Público y acreditarse esta nueva figura delictiva y el juez podría condenar al responsable a una pena que va de los dos a los ocho de prisión.
“No estamos promoviendo la cultura del no pago, estamos queriendo evitar que se lastime la dignidad de las personas y el agobio que se hace a las familias”, puntualizó.
AGENCIAS
