AGENCIA
Jalisco.- A siete años de la desaparición de los tres estudiantes de cine en Jalisco, sus familias denuncian que la Fiscalía estatal fabricó una “verdad histórica” para cerrar el caso sin pruebas científicas concluyentes y exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura de la investigación.
El 19 de marzo de 2018, Salomón Aceves Gastélum (25 años), Daniel Díaz (20) y Marco Ávalos (20) fueron secuestrados en Tonalá, presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En abril de ese mismo año, la Fiscalía de Jalisco aseguró que los jóvenes fueron torturados y disueltos en ácido en una casa de seguridad, lo que desató una ola de indignación nacional e internacional. Sin embargo, ahora sus familiares revelan múltiples irregularidades en la investigación.
Los padres y madres de los cineastas afirman que no existen pruebas científicas que respalden la versión oficial de la Fiscalía. Entre las principales irregularidades destacan:
*Un informe del Instituto Forense contradice la versión del ácido: En la carpeta de investigación hay un peritaje que indica que no se encontraron restos humanos en los tambos, solo diésel y aceite.
*Testigos clave no declararon: Durante el juicio, al menos ocho testigos, incluidos testigos protegidos, no se presentaron a testificar.
*Cámaras de vigilancia inoperantes: Nunca se mostraron videos de las casas de seguridad donde supuestamente estuvieron los jóvenes, bajo el argumento de que las cámaras no funcionaban.
*Diferencias en la escena del crimen: Fotografías presentadas en la carpeta de investigación no coinciden con la realidad de las casas de seguridad.
Ante estas inconsistencias, las familias consideran que la versión oficial fue “un montaje, una mentira” diseñada para cerrar el caso sin esclarecer la verdad.
Los familiares solicitan la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del fiscal general Alejandro Gertz Manero para que la FGR tome el caso y se realicen búsquedas en campo. Aseguran que la Fiscalía estatal nunca realizó investigaciones profundas y que en 2018, la ONU recomendó continuar la búsqueda de los jóvenes en vida, ya que no hay pruebas fehacientes de su muerte.
El caso de los tres cineastas desaparecidos sigue sin resolverse, y sus familias continúan exigiendo justicia para evitar que se convierta en otro crimen silenciado por la impunidad en México.
