La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso clave para reforzar la lucha contra la desaparición de personas en México. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, instruyó a toda la Administración Pública Federal a respaldar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, garantizando recursos económicos, tecnológicos y logísticos.
El decreto establece cuatro artículos con los cuales se busca fortalecer la capacidad operativa de la Comisión, asegurando una mayor eficiencia en la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
Recursos garantizados para la Comisión
Uno de los puntos clave del decreto es que la Comisión Nacional de Búsqueda podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de su misión. Así lo señala el Artículo Tercero del decreto presidencial, que busca asegurar el acceso a herramientas avanzadas para la investigación y localización de personas.
Además, el Artículo Cuarto establece que la SHCP deberá autorizar las adecuaciones presupuestarias que la Comisión necesite, en términos de las disposiciones aplicables, para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares.
Coordinación interinstitucional
El decreto también ordena que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal colaboren con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta coordinación permitirá fortalecer los procesos de búsqueda mediante estrategias, herramientas y metodologías especializadas.
Asimismo, el documento destaca la necesidad de ampliar la capacidad de atención de la Comisión, mejorar el análisis de contexto y adquirir equipos y herramientas tecnológicas que permitan la búsqueda basada en evidencias científicas.
Un avance en la lucha contra la desaparición forzada
Con esta medida, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca dar un impulso significativo a la búsqueda de personas desaparecidas en el país, reforzando los mecanismos de respuesta y garantizando el acceso a los recursos necesarios para esta labor fundamental en materia de derechos humanos.
La implementación efectiva del decreto será clave para determinar el impacto real de estas acciones en la lucha contra la desaparición de personas en México.
