Agencias
Fortín.-En las manifestaciones realizadas este lunes, los participantes denunciaron que en Fortín se ha derramado sangre inocente, y señalaron con nombre y apellido al responsable: Gerardo Rosales Victoria.
Pablo, un joven boxeador con un futuro prometedor, fue asesinado por la Policía Municipal que este alcalde dirige. No fue un accidente, ni un error; fue omisión, corrupción y el incumplimiento de un deber legal por parte de Rosales Victoria, quien ha ignorado numerosas quejas en contra de sus elementos policiales. Estas denuncias incluyen violaciones a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad, entre otras.
Los diputados locales tienen ante sí una decisión clara: Ser defensores de la justicia o cómplices de un asesino. No pueden escudarse en el silencio ni en la burocracia para tapar la podredumbre de un gobierno que permite y fomenta la brutalidad policial. No actuar es igual a mancharse las manos de sangre.
Fortín se ha convertido en un territorio de abuso y terror bajo la administración de Rosales. Sus policías, lejos de proteger, atacan, golpean y matan sin consecuencias. ¿Cuántos más deben morir antes de que se haga justicia? Este crimen es la prueba irrefutable de un gobierno fallido, de una autoridad incompetente que debe ser removida y llevada ante la justicia.
El pueblo no olvidará, no perdonará. Cada día que pasa sin que Gerardo Rosales sea llamado a juicio político, es una afrenta a la dignidad de la víctima y de toda la sociedad.
La indignación crece, y si los diputados se atreven a encubrir este asesinato, quedará claro que la corrupción los ha consumido por completo.
