AGENCIA
Xalapa, Ver.- Desde peritajes retrasados e incompletos hasta detenciones arbitrarias y torturas, diversas violaciones a derechos humanos han sido denunciadas por personas detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, encabezada por Verónica Hernández Giadáns. En los últimos meses, casos de víctimas que aseguran no haber cometido los crímenes que se les imputan han salido a la luz, respaldados por evidencia proporcionada por sus familias.
Expertos en derecho penal, como el abogado Tomás Mundo, advierten que la falta de pruebas claras o la presión por resolver casos complejos ha llevado a la detención de personas sin los debidos procesos investigativos, recurriendo incluso a pruebas fabricadas o manipuladas. “Los casos de chivos expiatorios generados por la FGE no solo violan los derechos humanos de los acusados, sino que también afectan la credibilidad de las instituciones de justicia”, señala.
A continuación, se presentan algunos casos recientes que evidencian las irregularidades cometidas por la Fiscalía de Veracruz:
Maribel “N”: Detenida sin orden judicial y torturada
La madrugada del 5 de febrero de 2025, uniformados armados irrumpieron en una vivienda en el municipio de Rafael Delgado y detuvieron a Maribel “N” sin orden de aprehensión, acusándola de delitos contra la salud. La detención estuvo acompañada de agresiones físicas y verbales contra cinco menores y dos adultos mayores.
De acuerdo con la Fiscalía, en la vivienda se encontraron “bolsas de plástico que contenían hierba verde con características similares a la marihuana”, además de una libreta con anotaciones sobre la venta de droga y chips telefónicos. Sin embargo, habitantes del municipio han defendido la inocencia de Maribel, asegurando que es una mujer trabajadora dedicada a la limpieza de hogares y al cuidado de sus padres.
En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Rocío Nahle, sus vecinos denunciaron que la detención fue ilegal y arbitraria, describiéndola como un atropello contra una familia honesta y trabajadora.
Posterior a su detención, Maribel fue incomunicada durante varias horas y torturada con choques eléctricos. Su familia recurrió a un juez federal, quien ordenó la suspensión de cualquier acto que pudiera afectar su integridad o dignidad. Actualmente, la Fiscalía está obligada a presentar un informe detallado sobre su detención y proceso judicial.
Guillermo Israel “N”: Acusado de un asesinato mientras participaba en una peregrinación
El 9 de diciembre de 2024, el diputado federal Benito Aguas Atlahua y el ingeniero Agustín Linares fueron asesinados en un convivio familiar en la comunidad de Tepenacaxtla, Zongolica. Según las autoridades, un hombre en motocicleta disparó a quemarropa contra las víctimas.
El 5 de febrero de 2025, la FGE detuvo a Guillermo Israel “N” como presunto responsable del doble homicidio. No obstante, sus familiares presentaron un video en el que se demuestra que el día del crimen él se encontraba en una peregrinación en la Ciudad de México con la agrupación Antorcha Guadalupana.
La detención de Guillermo ha generado protestas y bloqueos carreteros por parte de familiares y vecinos, quienes exigen que se presenten las pruebas que lo exculpan. A pesar de las pruebas en su favor, la FGE continúa con el proceso en su contra, lo que ha aumentado las críticas sobre la fabricación de culpables.
El profesor Fernando: Detención irregular tras un asalto
El 8 de enero de 2025, agentes ministeriales y policías municipales de Xalapa detuvieron a Fernando, un maestro de la primaria Benito Juárez García en Naolinco, acusado de participar en un asalto en la plaza Urban Center, donde una mujer fue despojada de 56 mil pesos.
El docente fue detenido en su casa sin orden judicial. Su abogado, Gerardo Escobedo Muñoz, argumentó que el operativo fue irregular, pues los agentes ingresaron violentamente, causando destrozos y sometiendo a su hermana. Testigos aseguraron que el maestro se encontraba en su hogar desde el mediodía, lo que contradice la versión oficial de que fue detenido en flagrancia.
Las inconsistencias en el informe policial llevaron a un juez de control a determinar que la detención fue ilegal. Tras su liberación, la familia del profesor interpuso una denuncia contra los elementos que participaron en su arresto, acusándolos de abuso de autoridad y robo de pertenencias.
Crisis de justicia en Veracruz
Estos casos evidencian una problemática recurrente en la FGE de Veracruz: la criminalización de inocentes y la violación sistemática del debido proceso. La tendencia de fabricar culpables y justificar detenciones arbitrarias genera un clima de desconfianza en las instituciones de justicia, afectando no solo a los acusados, sino también a las víctimas de los delitos, quienes ven obstaculizado el verdadero esclarecimiento de los hechos.
Mientras organismos defensores de derechos humanos exigen reformas para garantizar procesos judiciales justos y transparentes, la FGE de Veracruz sigue en el centro de la polémica por su actuación irregular en múltiples casos.
