DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
XALAPA.- Los rumores sobre la inminente salida de Verónica Hernández Giadáns de la Fiscalía General del Estado de Veracruz vuelven a cobrar fuerza; ya en diciembre pasado se especuló sobre su renuncia, pero ahora las señales son más claras: si no es en estos días, será cuestión de tiempo.
El mayor obstáculo para su permanencia es su origen político, pues Hernández Giadáns fue impuesta en septiembre de 2019 por Patrocinio Cisneros Burgos, “El Bola Ocho”, en un acto que muchos calificaron como un asalto a la Fiscalía, violando la ley y consolidando un aparato de persecución política al servicio del gobierno de Cuitláhuac García.
Su falta de experiencia en derecho penal no fue impedimento, pues su único mérito era la cercanía con Cisneros, quien la convirtió en su ficha clave en la estructura del poder estatal.
Desde su llegada, su desempeño ha sido sumamente cuestionado. En lugar de garantizar justicia, la Fiscalía bajo su mando se dedicó a ejecutar órdenes políticas, persiguiendo opositores y fabricando casos a conveniencia del régimen. El ejemplo más claro fue la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien se le acusó de falsificar documentos con la intención de impedirle asumir su escaño como senador del PAN.
La estrategia funcionó: Yunes Márquez cedió ante el poder de Morena y terminó sometiéndose a sus intereses, logrando que la Fiscalía retirara los cargos en su contra.
Sin embargo, el problema de Hernández Giadáns no es solo su historial, sino su relación con el nuevo poder en Veracruz.
Su mentor, Patrocinio Cisneros, pasó de ser un aliado de Rocío Nahle a su enemigo político, tras disputarle la candidatura de Morena, lo que provocó su caída en desgracia; Nahle no ha olvidado ni perdonado esa traición, y con su llegada al gobierno, la Fiscalía sigue siendo uno de los últimos reductos de Cisneros en el poder.
En este contexto, el Congreso local se mueve para facilitar su destitución. El diputado Diego Castañeda presentó una iniciativa para reducir de nueve a cuatro años el periodo de la fiscal, permitiendo su remoción o ratificación por parte del Legislativo. Esta reforma parece diseñada a la medida para cerrar el ciclo de Hernández Giadáns y dejar el camino libre a un fiscal afín a la nueva administración.
La pregunta ya no es si la fiscal dejará el cargo, sino cuándo. Con el poder de Cisneros prácticamente desmantelado y la llegada de Rocío Nahle, su permanencia es insostenible.
