AGENCIA
Sonora.- Un juez federal con sede en el penal del Altiplano ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el asesinato de Rohnita Miller y sus hijos, ocurrido en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, como un acto de terrorismo. Esta resolución fue emitida tras un juicio de amparo presentado por Adrián LeBarón, padre de la mujer asesinada, quien solicitó que se tratara el caso con un enfoque de terrorismo debido a la magnitud y el impacto del crimen.
Adrián LeBarón explicó que la solicitud fue planteada después de que la FGR ofreciera un procedimiento abreviado a los presuntos responsables, lo cual, según el activista, fue una manera de evitar que los acusados enfrentaran el proceso completo. Este procedimiento implica que los acusados no presenten pruebas en su defensa a cambio de una pena menor, una opción que la familia consideró inapropiada para el caso.
El ataque que costó la vida a Rohnita Miller y sus hijos, así como a otras seis personas, fue perpetrado por el grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Roberto González Montes, alias “El Mudo” o “El 32”, identificado por el gobierno federal como jefe de plaza de La Línea, es señalado como el autor material del crimen. Durante el juicio, testigos del grupo agresor han confirmado que recibieron órdenes de matar a cualquier persona que se cruzara en su camino.
El Código Penal Federal, a través de su artículo 139, establece que quien utilice medios violentos como explosivos o armas de fuego con el fin de generar temor o terror en la población podrá ser castigado con penas de entre 15 y 40 años de prisión. Sin embargo, el gobierno mexicano ha evitado catalogar los crímenes de los grupos criminales como actos de terrorismo, argumentando que su propósito es delictivo y no ideológico.
A pesar de las dificultades y la resistencia de las autoridades, Adrián LeBarón destacó la importancia de este avance en la justicia para su familia y reiteró su llamado a que se consideren todos los elementos del caso, incluidos los impactos emocionales y sociales del crimen. En la actualidad, de las 32 personas detenidas en relación con el asesinato, solo ocho enfrentan cargos por homicidio, mientras que los demás están bajo acusaciones de delincuencia organizada.
El gobierno federal ha señalado que el ataque a la familia LeBarón fue un acto directo ordenado contra ellos, presuntamente debido a la vinculación de las comunidades con el tráfico de armas y drogas, lo que generó tensiones con grupos rivales, como el cártel de Sinaloa.
