AGENCIA
Tabasco, tierra natal del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una escalada de violencia que mantiene en alerta a su población. El hecho más reciente ocurrió el 13 de enero de 2025, cuando un comando armado emboscó a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la carretera Villahermosa-Cárdenas. El ataque dejó un saldo de un agente muerto y tres heridos, evidenciando la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad en la región.
El incidente, que ocurrió cerca de la ranchería González tras una persecución iniciada en Villahermosa, ha sido el punto culminante de una serie de hechos violentos reportados en Tabasco, incluyendo ataques armados en bares y homicidios en bodas. En esta ocasión, los uniformados fueron emboscados por sujetos armados que dispararon sin piedad. Los heridos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica, pero la muerte de un oficial dejó una profunda herida en la comunidad de seguridad.
Las declaraciones del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del ex presidente, generaron indignación y rechazo. Al referirse al ataque, afirmó: “Esto en contra de los policías es un mensaje, que no hay impunidad”. Sus palabras, vistas como insensibles, fueron criticadas por minimizar el impacto de la violencia y omitir condolencias hacia la familia del agente fallecido.
Diversos sectores sociales y políticos condenaron la falta de empatía en su postura, exigiendo mayor sensibilidad y compromiso por parte de las autoridades ante la creciente inseguridad en el estado. En redes sociales, las críticas hacia López Obrador se multiplicaron, con ciudadanos calificando sus declaraciones como inapropiadas e insensibles.
El gobernador de Tabasco, Javier May, condenó los hechos violentos y reiteró el compromiso de su gobierno con la recuperación de la paz. Aseguró que se está trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía y se abrió una investigación para dar con los responsables del ataque. Sin embargo, la percepción de impunidad y el descontento con las autoridades persisten entre los tabasqueños.
Mientras tanto, la sociedad civil ha manifestado su preocupación ante la creciente violencia y la falta de respuestas efectivas. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos demandan una estrategia más contundente y solidaria, no solo para frenar la inseguridad, sino también para tratar con dignidad a las víctimas y sus familias.
El estado de Tabasco enfrenta un desafío crítico, con una violencia que amenaza la estabilidad y un gobierno que lucha por recuperar la confianza de la población.
