AGENCIA
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Familias desplazadas por la violencia en el municipio de Chicomuselo enfrentan un nuevo obstáculo: el cobro de multas de hasta 100 mil pesos para poder regresar a sus comunidades. Autoridades locales de algunas comunidades argumentan que este pago es necesario debido a que abandonaron sus viviendas durante los periodos de mayor inseguridad, denuncian habitantes.
Los desplazados, quienes en su mayoría dejaron todo su patrimonio al huir, aseguran que esta medida es injusta e ilegal. Muchos de ellos han pasado meses o años sin generar ingresos, por lo que el cobro representa una barrera insuperable para retornar a sus hogares. Además, señalan que en algunos casos, las viviendas y tierras que dejaron fueron ocupadas por otros pobladores.
En algunas localidades, se reporta el cobro de cuotas de hasta 30 mil pesos para devolver las viviendas y tierras que fueron apropiadas por habitantes que permanecieron en la zona. Según testimonios, el monto es el mismo para quienes poseen predios pequeños o grandes extensiones de tierra.
“Nos fuimos porque los grupos criminales nos daban dos opciones: unirnos a ellos o desplazarnos”, relataron algunos afectados, quienes aseguran que su partida no fue voluntaria, sino forzada por la violencia desatada en la región.
Desde hace más de tres años, la disputa territorial entre cárteles de la droga ha provocado el desplazamiento masivo de familias en municipios como Chicomuselo y Frontera Comalapa. Cientos de personas huyeron a otras partes de Chiapas, estados del país e incluso a Estados Unidos, dejando sus hogares y tierras en el abandono.
Con la llegada de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en diciembre de 2023, los grupos armados se replegaron y los bloqueos en las carreteras, como la Panamericana, fueron retirados. Sin embargo, el transporte público aún no ha restablecido el servicio en rutas clave, como Frontera Comalapa y Chicomuselo hacia Comitán de Domínguez.
Los desplazados y los habitantes de las comunidades afectadas piden la intervención del gobierno federal y estatal para garantizar un retorno seguro, eliminar los cobros ilegales y recuperar sus viviendas y tierras.
“Es necesario fortalecer la seguridad en la región y ofrecer alternativas reales para que las familias puedan regresar sin temor y sin ser extorsionadas por las mismas autoridades locales”, expresaron los denunciantes.
La situación refleja el impacto persistente de la violencia y la ausencia de mecanismos claros para apoyar a quienes han sido forzados a abandonar todo.
