La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una orden al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) para reintegrar a siete aspirantes en la lista de candidatos a jueces, magistrados y ministros. Esto, pese a que el Comité había suspendido sus actividades.
Los siete candidatos reinstalados
Las personas que seguirán en la contienda son:
- Paulo Abraham Ordaz Quintero: Exdirector general de Asuntos Jurídicos del TEPJF, con experiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la SCJN.
- Juan Carlos Silva Adaya: Exmagistrado de la Sala Regional en Toluca del TEPJF.
- Juan de Jesús Alvarado Sánchez: Expresidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.
- Denny Martínez Ramírez: Secretaria de estudio y cuenta de la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF.
- Beatriz Mejía Ruiz: Secretaria de estudio y cuenta de la misma sala que Denny Martínez.
- Oswald Lara Borges: Investigador predoctoral en la Universidad de Salamanca.
- Walter Yared Limón Magaña.
La SCJN indicó que estos aspirantes serán evaluados para determinar si cumplen con los requisitos de idoneidad, lo que incluye criterios técnicos y éticos indispensables para ocupar dichos cargos.
Ocho aspirantes descalificados
En contraste, la SCJN confirmó la decisión del Comité de excluir a otros ocho aspirantes por no cumplir con los requisitos establecidos:
- Bruno Alejandro Acevedo Nuevo: Secretario de estudio y cuenta adjunto en la ponencia del ministro Alcántara Carrancá.
- César Américo Calvario Enríquez: Secretario en diversos Tribunales Federales.
- Jesús Ángel Cadena Alcalá: Exsecretario auxiliar de acuerdos en la SCJN y colaborador de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
- Leticia Victoria Tavira.
- Ana Cecilia López Dávila.
- Alejandro González Estrada.
- Ramón Hernández Reyes.
- Lucila Eugenia Domingo Narváez.
Un paso clave para garantizar transparencia y equidad
La decisión de la SCJN subraya la importancia de garantizar procesos transparentes y justos en la selección de funcionarios judiciales. Con esto, se busca fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar que los mejores perfiles sean considerados para cargos de gran relevancia en el sistema judicial mexicano.
