AGENCIA
Chiapas.- El pasado 7 de noviembre, Mikeas Sánchez, activista, defensora de la Tierra y poetisa zoque originaria de Chapultenango, Chiapas, vivió una de las amenazas más alarmantes de su vida. Un hombre, enardecido, le lanzó: “¡Te voy a quebrar, cabrona!; ¡eres cabrona, no me tienes miedo!” Estas palabras, aunque fueron dirigidas a ella en un ambiente tenso, forman parte de un contexto más grande de persecución y violencia que han sufrido en los últimos años los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en Chiapas.
Mikeas, consciente de los riesgos, recordó la experiencia del 2023, cuando sufrió una serie de problemas con la Delegación de Hacienda de Pichucalco. La aplicación de multas por una declaración fiscal en ceros le obligó a pagar 64 mil pesos, una carga económica considerable para una activista que lucha por la defensa de su comunidad y la protección de la Tierra.
A este hecho se suman las tensiones de su participación en las protestas contra la Ronda Petrolera 2.2, un proyecto de extracción de hidrocarburos en municipios de la región zoque, que fue finalmente suspendido. Sin embargo, su cercanía con Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote defensor de los más desprotegidos y de la Madre Tierra, lo convirtió en uno de los objetivos de amenazas por parte de quienes defienden intereses económicos en la región. Marcelo Pérez, ejecutado el 20 de octubre de 2023 en San Cristóbal de Las Casas, había sido un aliado de los movimientos sociales y ambientales, luchando contra la minería y el extractivismo.
El asesinato de Pérez es solo uno de los muchos crímenes que han marcado un periodo oscuro para los defensores de derechos humanos en Chiapas. Según datos de la organización Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, al menos ocho activistas fueron asesinados durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, exgobernador de Chiapas, entre ellos Sínar Corzo, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, quienes también fueron víctimas de la violencia que azota a la región.
Los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Chiapas han estado luchando no solo contra las mafias locales y los grupos del crimen organizado, sino también contra la indiferencia de las autoridades. En 2019, por ejemplo, José Luis Álvarez, un defensor de la fauna local, fue asesinado en un ataque armado, mientras que Nora López, activista medioambiental, fue hallada muerta en circunstancias misteriosas en un hostal en Palenque.
La violencia no ha dejado de aumentar, y aunque Chiapas no aparece entre los primeros lugares de agresiones contra defensores en el país, las cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han señalado a la región como parte de un panorama preocupante. En 2022, Cemda reportó 197 agresiones contra defensores, de las cuales 24 fueron fatales.
Mikeas Sánchez, sin embargo, no se rinde. A pesar de las amenazas que ha sufrido, como la del hombre que la atacó verbalmente, está determinada a continuar su lucha. Asegura que los ataques forman parte de una estrategia para silenciar a los defensores del territorio, y denuncia que sus agresores tienen intereses en la minería y otros proyectos extractivistas en la región. Además, recuerda las veces que recibió visitas sospechosas de personas vinculadas a empresas mineras que, según ella, querían obtener información sobre su participación en movimientos de resistencia.
Con el reciente asesinato de Marcelo Pérez y las amenazas continuas, Mikeas ha decidido tomar precauciones y seguir trabajando en la organización del movimiento Zodevite (Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio), que busca frenar el avance de la Ronda Petrolera. En su memoria, como en la de tantas víctimas que han caído en el camino, sigue luchando por un futuro libre de explotación y violencia.
La situación de Mikeas es solo una cara de la moneda. Otros activistas, como Luis Rey García Villagrán y Ramón Verdugo, han tenido que huir de sus tierras ante la amenaza constante de muerte. García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, ha denunciado repetidamente los vínculos del Instituto Nacional de Migración (INM) con el crimen organizado, mientras que Verdugo, quien fundó un albergue para madres y niños migrantes en Tapachula, tuvo que abandonar su hogar en 2022 tras recibir amenazas y sufrir agresiones.
Chiapas sigue siendo un territorio hostil para quienes luchan por la justicia social, la preservación del medio ambiente y los derechos humanos. La impunidad, las amenazas y los asesinatos no parecen detener el paso de aquellos que buscan un futuro más justo y digno para las generaciones venideras. Sin embargo, la resistencia de estos activistas sigue viva, a pesar de los riesgos, la persecución y la violencia que enfrentan cada día.
