De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El trágico fallecimiento de un niño de 2 años, tras un accidente en Omealca mientras viajaba en una moto con sus padres, pone en evidencia la profunda corrupción e irresponsabilidad que prevalecen en nuestra sociedad.
La moto está diseñada para dos personas, con casco obligatorio y no para niños, pues estos no tienen la fuerza para sostenerse de la unidad y evitar salir disparados como un proyectil en caso de choque. Además, esta práctica es peligrosa y va en contra de la ley, que establece que ningún menor de 12 años debe viajar en moto, según el artículo 40 fracción IV del Reglamento de Tránsito.
La tragedia ocurrió por la negligencia de quienes, siendo padres, deberían haber garantizado la seguridad del menor, pero también por la corrupción de las autoridades que permiten que las leyes no se cumplan; debería ser cárcel al adulto que viole la normativa.
Es claro que la falta de cumplimiento de la ley vial es consecuencia directa de la corrupción. Y es que las autoridades de tránsito, a cambio de 100 o 200 pesos de “moche” perdonan la infracción y dejan que familias enteras viajen en las motos.
La corrupción en las instituciones es tan evidente como dañina. Si las autoridades actuaran con firmeza, la historia podría haber sido diferente.
En países como Estados Unidos, donde el respeto a la ley es inflexible, los ciudadanos saben que violar las normas tiene consecuencias graves, incluso se pagan con cárcel, pero aquí, en México y en Veracruz, la impunidad es la norma.
No se trata sólo de culpar a los ciudadanos, sino de reconocer que si el sistema de justicia funcionara, muchos de estos accidentes podrían evitarse.
Si los padres supieran que al violar la ley la moto sería decomisada y que la multa sería mayor que el valor del vehículo, simplemente no permitirían que sus hijos viajaran de esa manera.
