México.- Una investigación encontró que los hechos de violencia que han ocurrido en México desde el año 2000 han tendido a alentar la movilización ciudadana en las calles, pero, al mismo tiempo, y en creciente riesgo para el modelo de Gobierno democrático advierte, la han desmotivado en las urnas.
Por tanto, advierte la investigación, es necesario que la ciudadanía encuentre la manera de combinar ambas expresiones de descontento o, de lo contrario, se mantendrá el círculo de corrupción, repudio y desgaste de los pocos mecanismos de rendición de cuentas, como el proceso electoral.
“Mientras que la violencia criminal y la victimización deprimen la participación en los procesos electorales, también estimula la participación en protestas. Por tanto, aun cuando la violencia puede reducir las oportunidades de rendición de cuentas a través de la vía electoral, los mecanismos para la rendición de cuentas en la sociedad permanecen viables y disponibles para colocar nuevos temas en la agenda pública”, dice el artículo “Violencia y participación ciudadana en México: de las urnas a las calles”, difundido este mes por el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington, DC.
“Sin embargo, si la violencia desmoviliza a los votantes mientras que, al mismo tiempo, los empuja a las calles y a arriesgar sus vidas en esa movilización, en el largo plazo, el apoyo para la democracia se puede colapsar en algunas regiones”, advierte.
En entrevista con SinEmbargo, la autora de la investigación, la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke y ahora académica invitada en Notre Dame, Sandra Ley, explicó que, de acuerdo con la medición hecha en su estudio, la participación de la ciudadanía en las urnas será menor este 2015, justo después del año que mayor movilización social se ha registrado.
Esto, dijo, debido a que existe un justificado desgaste en la expectativa que la población tiene de su participación en los procesos electorales y una noción de que las instituciones de ahí emergidas no cumplen su responsabilidad —como proteger la vida— sino todo lo contrario, aparecen, como en el caso de Iguala, como perpetradores de crímenes y de injusticias.
A este ambiente, agregó Ley, se suman en este proceso los escándalos de corrupción difundidos en los meses pasados —como la compra de una casa de más de 80 millones de pesos por parte de la pareja presidencial— que refuerzan la desconfianza ciudadana.
Pero el resultado de esa menor participación en las urnas, advirtió, es la extensión de “un cheque en blanco” a los políticos que, en México, no toman como castigo la baja participación en las urnas sino que, por el contrario, terminan haciendo su voluntad, como imponer medidas de seguridad violatorias de los derechos humanos.
“No es una decisión fácil para el votante, saber por quién votar y cómo castigar, primero porque saber quién es responsable de la seguridad es complicado y, también, porque la elección es un medio limitado de expresión, es distinto a cuando voy a las calles, que es cuando expreso lo que quiero”, dice vía telefónica.
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