Durante el año fiscal 2024, que concluyó en septiembre, el gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, llevó a cabo un total de 271.484 deportaciones, un récord en la última década que supera las cifras registradas en los cuatro años de la Administración de Donald Trump. Este aumento refleja un endurecimiento de las políticas migratorias, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) casi duplicando el número de deportaciones en comparación con el año fiscal anterior, cuando fueron expulsadas 142.580 personas.
El dato supera incluso los máximos de deportaciones registrados por la administración Trump, cuya cifra más alta se alcanzó en 2019 con 267.258 deportaciones. A lo largo de su mandato (2017-2021), Trump mantuvo un enfoque de tolerancia cero hacia la inmigración, con deportaciones que variaron entre 226.119 en 2017 hasta 267.258 en 2019, pero que cayeron significativamente en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, con solo 185.884 deportaciones.
Por su parte, la Administración Biden comenzó con un número mucho más bajo de deportaciones, con solo 59.011 expulsiones en su primer año fiscal (2021) y 72.177 en 2022. Sin embargo, para 2024, ICE no solo superó las cifras de Trump, sino que también llevó a cabo deportaciones hacia un total de 192 países.
Patrick J. Lechleitner, principal funcionario de ICE, defendió la postura de la agencia, asegurando que sus operaciones son “apolíticas” y que sus agentes están encargados de cumplir las leyes migratorias establecidas por el Congreso de EE.UU. No obstante, Lechleitner también destacó la “falta crónica de fondos” como un obstáculo para poder implementar las ambiciosas promesas de deportación masiva de la administración de Biden.
Además de las deportaciones realizadas por ICE, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) registró más de 700.000 “remociones” durante el año fiscal 2024, una cifra récord desde 2010. Esta cifra incluye tanto las deportaciones directas de ICE como los operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Las políticas de inmigración y las deportaciones continúan siendo un tema controversial en EE.UU., y con la llegada de la nueva administración en enero, se espera que se intensifiquen los esfuerzos por frenar la inmigración irregular, aunque los desafíos presupuestarios y legislativos podrían complicar su ejecución.
Este aumento en las deportaciones refleja un giro significativo en la política migratoria de EE.UU., un tema que sigue siendo una prioridad para los funcionarios del gobierno mientras el debate sobre la reforma migratoria sigue sin resolverse.
