El problema no eran las manifestaciones en las calles en contra de una clase gobernante, que los inconformes identifican con los tres partidos políticos que en 2013 construyeron el Pacto por México.
Las protestas son el síntoma de una realidad que cotidianamente nos muestra la dimensión del reto que afrontan, ahora, los gobiernos federal, estatales y municipales y las fuerzas partidistas que los sustentan: la cotidiana construcción del consenso, del aval de la opinión pública, que no de la publicada.
Ocurrido en el primer tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el giro ha dado pie al señalamiento de que quienes nos prometieron que sí sabían cómo resolver los problemas de la gente, es decir, gobernar, están en deuda.
Si bien los actores y sus aciertos y yerros cuentan, la transformación experimentada va más allá de las particularidades personales de quienes ejercen el poder.
El cambio de fondo es el de una sociedad, particularmente en sus segmentos juveniles, que se siente y se pronuncia harta de la forma en que la política se encuentra vinculada a privilegios, a negocios y a corrupción.
Frente a esa percepción del poder, conseguir el consenso que lo legitima se convierte en una tarea permanente porque permanente es el escrutinio de los gobernados.
Consecuentemente, no basta con tener buenos líderes, porque éstos terminan por desgastarse si su desempeño no tiene el respaldo de la gente; particularmente el de las capas sociales informadas, protagonistas del fenómeno de la crítica que caracteriza a las sociedades modernas.
Se me refutará que esto es a nivel de las grandes metrópolis y que, en el México real del interior de la República, los caciques siguen haciendo de las suyas.
Como sucedió con José Luis Abarca (PRD), ex alcalde de Iguala y con el de Cocula, César Peñaloza (PRI), en Guerrero, presuntamente responsables de las policías que operaron la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y, efectivamente, el ejercicio patrimonialista y opaco del poder se acentúa más a nivel estatal y municipal.
Pero, a diferencia del pasado inmediato, sus escándalos se difunden y, en ocasiones, dan paso a su defenestración pública e incluso detención.
Por supuesto que el escarnio público aún no alcanza para que la ley se aplique y se castiguen los abusos y las corruptelas.
Y esta situación acrecienta el enojo social hacia la clase gobernante, al ser sinónimo de fuero e impunidad.
Pero tampoco es casualidad ni concesión graciosa el hecho de que 2015 inicie con procedimientos administrativos, expulsiones y procesos judiciales en contra de personajes que, hasta hace poco, se cobijaban en el cinismo y la complicidad.
Ahí está Ricardo Anaya, presidente del PAN, solicitando la salida del partido del asambleísta Édgar Borja.
Y la petición del coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, para que la Auditoría Superior de la Federación revise cómo gastó los recursos públicos el delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia.
También esta semana se dieron a conocer los presuntos nexos con el crimen organizado de Ricardo Gallardo, Alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, y quien ya era considerado como la carta fuerte del PRD para la Gubernatura de la entidad.
Frente a las interminables evidencias de una clase gobernante que no representa los intereses de sus gobernados, el desprestigio de la política es capitalizado por organizaciones radicales que en la crisis pretenden asumir la representación del descontento.
Eso es lo que pasa con el magisterio de Guerrero, concentrado ahora en sacarle el mayor provecho a la tragedia de Ayotzinapa, y que, bajo las siglas de la CETEG, avanza en su propósito de descarrilar el proceso electoral en el estado.
Se trata de otra prueba contundente de las fallidas aspiraciones de hacer acuerdos con las dirigencias y no con las bases.
Eso es lo que hizo el Gobierno federal cuando contingentes de la llamada disidencia del SNTE se opusieron a la Reforma
Educativa.
Ese empoderamiento de la interlocución de la CNTE no sólo frenó los cambios legislativos diseñados en el Pacto por México, sino que ahora podría asumir la vanguardia del movimiento contra los comicios del 7 de junio.
Pero la crisis de representación no es exclusiva de los partidos ni de gremios que, como el magisterial, apenas el sexenio anterior podían comprometer con una firma cupular supuestos cambios de fondo.
Justo en el primer acontecimiento político del año, el viernes 2 de enero, la Suprema Corte de Justicia nos mostró una división nunca vista en su historia, cuando la elección de su presidente Luis María Aguilar estuvo precedida de 32 rondas de votación, 29 de éstas empatadas.
De ese tamaño ha sido el giro en México, después de un 2014 en el que se abrió la brecha entre la élite política y la sociedad que ésta pretende representar.
Porque hoy el consenso no se decreta, se construye. No se compra, se valida. Tampoco se pacta desde las cúpulas. Hoy el consenso debe sancionarse entre
las mayorías.
