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Nacional.- Con 410 votos a favor y 24 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política, que prohíben el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo. Este proyecto de ley, enfocado en la protección de la salud pública, establece sanciones para todas las actividades relacionadas con estos dispositivos, así como para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas y drogas sintéticas no autorizadas.
El dictamen señala que quedarán prohibidas diversas actividades relacionadas con estos productos, incluyendo profesiones e industrias vinculadas a su comercialización, tanto en el comercio interior como exterior.
Durante la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, expresó su rechazo a la reforma. En la tribuna, sacó un vapeador y lo utilizó, argumentando que esta medida representa un atentado contra las libertades individuales. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíba el ejercicio de nuestras libertades”, declaró, acusando a los legisladores del partido oficialista de no cumplir con su supuesto compromiso de proteger derechos y libertades.
Por otro lado, la diputada de Morena, Danisa Flores, defendió la reforma al señalar que la crisis del fentanilo no solo es un problema de salud pública, sino también una amenaza a la seguridad nacional. Aseguró que la prohibición de la producción y distribución de esta droga ayudaría a frenar la violencia, mejorar las relaciones con países como Estados Unidos y fortalecer la seguridad nacional.
En contraste, la legisladora del PAN, Paulina Rubio, cuestionó la efectividad de abordar el problema del fentanilo desde la Constitución, considerándolo una “simulación”. Afirmó que la situación del narcotráfico en México es mucho más grave que lo mostrado en series como Breaking Bad, subrayando la tragedia que viven muchas regiones del país, como Sinaloa, donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha secuestrado la paz de la población.
Con esta aprobación, el debate sobre el control de sustancias y la protección de la salud pública sigue siendo un tema central en la política mexicana, dividiendo opiniones entre los diferentes grupos parlamentarios.
