AGENCIA
Jalisco.- La gestión de Enrique Alfaro al frente del gobierno de Jalisco concluye marcada por una profunda crisis en el manejo de personas desaparecidas, dejando a la entidad como líder nacional en este tema con más de 15 mil casos reportados.
La campaña “El sexenio de las desapariciones”, impulsada por familias de víctimas, el Centro de Justicia para la Paz (CEPAD) y Zona Docs, presentó este jueves un análisis que evidencia la falta de voluntad política, la criminalización de familias buscadoras y graves deficiencias en los protocolos institucionales.
En 2019, Alfaro se reunió por única vez con familiares de personas desaparecidas, prometiendo mantener comunicación abierta. Sin embargo, colectivos denuncian que su administración se caracterizó por la reiterada revictimización de víctimas y familiares, además de criminalizar los esfuerzos de búsqueda independientes.
El retiro de fichas de búsqueda de espacios públicos y la falta de lineamientos para cédulas municipales son ejemplos del desinterés gubernamental, agravado por cifras inconsistentes. Jonathan Ávila, del CEPAD, subrayó que el 90 por ciento (%) de las desapariciones registradas entre 2019 y 2024 corresponden a ese periodo, dejando en el olvido los casos de larga data.
Hasta julio de 2024, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reporta 9 mil 467 personas fallecidas sin identificar, incluyendo cuerpos completos y segmentos óseos. Sin embargo, el micrositio del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) solo refleja 4 mil registros, destacando un preocupante desfase de cifras.
Además, se documentaron 158 fosas clandestinas con mil 796 cuerpos exhumados, un promedio de 11 por fosa, entre diciembre de 2018 y junio de 2024. El CEPAD también denunció que sistemas internos contienen datos de antes de 2018, pero no se publican para evitar exponer fallas en la gestión.
El CEPAD reveló que entre 2006 y 2007 se realizaron al menos 928 donaciones de cuerpos no identificados a universidades como la UdeG y la UAG para fines académicos. Aunque las donaciones cesaron en 2018, no existe claridad sobre los criterios utilizados ni el seguimiento de estos cuerpos, lo que perpetúa la desconfianza en las instituciones.
El sexenio también estuvo marcado por desapariciones y violencia emblemáticas, como la detención y muerte de Giovanni López, las desapariciones forzadas en protestas de 2023, el caso de seis jóvenes del call center en Zapopan, y el asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno.
La colocación de vallas permanentes en el Palacio de Gobierno y Casa Jalisco simbolizó la represión sistemática de manifestaciones de familias buscadoras, quienes enfrentaron un gobierno indiferente y carente de políticas efectivas para abordar la problemática.
En 2024, se destinaron 690 millones de pesos al tema de personas desaparecidas, pero sin resultados significativos. “Se construyeron políticas sin atender las necesidades de las familias ni mejorar los protocolos institucionales”, criticó Ávila, quien lamentó la falta de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.
Al cierre del sexenio, Jalisco enfrenta una herencia de impunidad, opacidad y negligencia, dejando a miles de familias sin respuestas ni justicia.
