AGENCIA
Nacional.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, enfrenta nuevas acusaciones que ponen en jaque no solo a su liderazgo, sino a la credibilidad de uno de los principales partidos de México. Una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) revela presuntas irregularidades en sus cuentas bancarias, con movimientos que ascienden a más de 350 millones de pesos.
Romero no solo es señalado por las transacciones sospechosas; también es acusado de liderar el llamado “Cártel Inmobiliario”, un esquema de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, controlada por el PAN desde el año 2000. Este grupo presuntamente permitía construcciones ilegales, como pisos adicionales en edificios, a cambio de departamentos gratuitos.
Este modelo de corrupción, que operó durante más de una década, fue revelado por empresarios y funcionarios implicados que han confesado su participación. Las declaraciones confirman que las violaciones a las normas urbanísticas eran una práctica sistemática bajo el amparo de autoridades locales.
Según el periodista Antonio Nieto, la carpeta de investigación 00031 abierta por la FGJCDMX incluye no solo a Romero, sino también a familiares suyos. Aunque el político ha negado rotundamente las acusaciones, argumentando que son ataques políticos, las investigaciones avanzan y podrían desentrañar un esquema de corrupción más amplio dentro del partido.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha criticado duramente a Romero, calificándolo como el “jefe del Cártel Inmobiliario”. En repetidas ocasiones, Sheinbaum ha señalado que incluso integrantes del PAN han devuelto departamentos obtenidos de manera irregular, lo que refuerza las denuncias en contra del esquema de corrupción.
“Este no es solo un caso de corrupción en una alcaldía; es un reflejo de cómo operan las redes de poder en algunos sectores de la política mexicana. Debe investigarse a fondo y castigarse con firmeza”, afirmó Sheinbaum en una reciente conferencia.
El caso Jorge Romero representa una crisis de credibilidad para el PAN. Si las acusaciones se confirman, su liderazgo podría verse gravemente comprometido, arrastrando consigo a otros miembros del partido.
Más allá de la figura de Romero, este escándalo evidencia un problema sistémico en la política mexicana, donde la corrupción se normaliza bajo estructuras partidistas que priorizan intereses personales sobre el servicio público.
La opinión pública exige respuestas y, sobre todo, justicia. Este caso pone a prueba la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar y sancionar a quienes abusan del poder.
El desenlace del caso Romero podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México. Por ahora, las investigaciones continúan, y la pregunta persiste: ¿se llegará hasta las últimas consecuencias o quedará como otro ejemplo de impunidad?
¡Ni a cuál irle, todos son una bola de delincuentes!
¡Y todavía se enoja por el comentario que hizo la presidenta! Si Margarita de su mismo partido panista está hablando de lo que lo acusan y Ricardo Anaya ni se diga.
¡La corrupción a su máximo esplendor!
