En un giro impactante en la política brasileña, un informe de la Policía Federal desclasificado este martes revela que el expresidente Jair Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” de un plan golpista que contemplaba el asesinato por envenenamiento de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo tras las elecciones de 2022.
El plan, conocido como ‘Puñal Verde y Amarillo’, también incluía acabar con la vida del vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien en ese momento era presidente del Tribunal Superior Electoral y actualmente actúa como relator del caso.
Detalles del plan golpista
De acuerdo con el informe, el magnicidio tenía como objetivo interrumpir la investidura de Lula, programada para el 1 de enero de 2023. La conspiración incluía el uso de un agente químico letal para causar un “colapso orgánico” en Lula, así como la participación de un grupo de élite del Ejército brasileño conocido como los kids pretos.
El documento también señala que el general de la reserva Mario Fernandes, secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia en la época, fue clave en la operación. Fernandes habría imprimido los detalles del plan el 9 de noviembre de 2022 en el Palacio presidencial de Planalto y posteriormente los llevó al Palacio de la Alvorada, donde se encontraba Bolsonaro.
Cargos y consecuencias legales
El plan golpista fue diseñado para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, dos semanas antes de que Lula asumiera el cargo. La Policía Federal presentó cargos la semana pasada contra Bolsonaro y 36 personas más, incluidos altos mandos militares y exministros de su gobierno. Los delitos imputados incluyen:
- Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho
- Golpe de Estado
- Asociación ilícita
De ser encontrados culpables, los implicados podrían enfrentar penas que suman hasta 30 años de prisión.
La respuesta de Bolsonaro
El exmandatario, quien ha minimizado las acusaciones, negó haber discutido alguna vez la posibilidad de anular las elecciones para mantenerse en el poder. “Nunca hablé de un golpe de Estado. Las acusaciones son absurdas”, declaró Bolsonaro en un intento por distanciarse del escándalo.
Un golpe a la democracia brasileña
Este caso subraya la fragilidad de la democracia en Brasil tras las elecciones de 2022, que ya estuvieron marcadas por tensiones y denuncias de fraude sin pruebas. Lula da Silva, ahora en funciones, enfrenta el reto de liderar un país profundamente polarizado mientras las instituciones buscan justicia y estabilidad en medio de estas revelaciones explosivas.
El informe desclasificado, cargado de evidencias, plantea preguntas inquietantes sobre la relación entre sectores militares y políticos en Brasil, así como sobre el alcance de las acciones clandestinas durante el mandato de Jair Bolsonaro.
