AGENCIA
EDOMEX.- El arresto de María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, ha generado un fuerte impacto a nivel nacional. Acusada de homicidio calificado, su detención saca a la luz presuntos vínculos con el crimen organizado y revela tensiones políticas dentro de la administración pública.
El caso tiene su origen en el asesinato del síndico Miguel Ángel Lara y su chofer, Guillermo Roque, ocurrido el 6 de enero de 2023 en Zacazonapan. Lo que en un inicio fue interpretado como un ajuste de cuentas, pronto escaló a un escándalo político tras las investigaciones que apuntaron a María Elena “N” como autora intelectual del doble homicidio.
De acuerdo con una columna del periodista Héctor de Mauleón, la alcaldesa habría dado la orden directa al líder de plaza de La Familia Michoacana con las palabras: “Denle cuello en Zacazonapan… Los quiero a los dos muertos y podremos trabajar bien”.
Miguel Ángel Lara y María Elena “N” militaban en el partido Movimiento Ciudadano hasta que, en 2021, ella se unió a Morena. Sin embargo, las diferencias entre ambos surgieron por desacuerdos relacionados con acuerdos financieros. Según las investigaciones, la alcaldesa mantenía reuniones frecuentes con José Alfredo Hurtado, alias “El Fresa”, líder de La Familia Michoacana, para consolidar acuerdos que facilitaran actividades ilícitas en Amanalco.
Cuando las disputas internas se intensificaron, María Elena “N” recurrió a “El Fresa” como mediador, pero al no obtener resultados, presuntamente decidió ordenar el asesinato de Lara y Roque.
El crimen fue ejecutado por un comando armado liderado por Pablo Hernández Hernández, alias “El Pelón”, también vinculado a La Familia Michoacana. Las investigaciones señalan que este grupo habría recibido instrucciones directas de la alcaldesa para perpetrar el homicidio.
La detención de María Elena “N” forma parte de la “Operación Enjambre”, un esfuerzo conjunto entre autoridades estatales y federales que ha resultado en la captura de siete personas relacionadas con el caso. Este operativo busca desmantelar las redes criminales que operan en la región y que han infiltrado la política local.
El caso ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de selección de candidatos dentro de Morena, generando críticas sobre la falta de control interno y la posibilidad de infiltración por parte del crimen organizado.
Las familias de las víctimas exigen justicia y el castigo para todos los responsables, mientras las investigaciones siguen su curso para esclarecer el alcance de las redes criminales en la política local. Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones frente al poder del crimen organizado y la necesidad de reforzar los controles en los procesos políticos para evitar la colusión con estructuras ilícitas.
Por eso la urgencia de sumarse a la sociedad civil que evalúe a los candidatos y promover la ley “antichapulines”, basta de políticos ratas que solo ven por sus intereses.
Típico de los morenos, es requisito indispensable ser delincuentes. ¡Y no son los únicos! Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y otros más!
Así están todos los estados gobernados por narcos. Seguro le cayeron a esta Alcaldesa por no dar el chivo a la gobernícola.
