En una decisión que ha generado controversia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el jueves un acuerdo que incrementa significativamente el monto del haber de retiro de sus ministros y ministras. La medida, tomada en una sesión privada presidida por la ministra presidenta Norma Piña, ha despertado críticas por su aparente contradicción con los principios de austeridad que deberían guiar a la función pública.
Un aumento cuestionado
De acuerdo con información publicada por Excélsior, el acuerdo asegura que los ministros que presenten su renuncia anticipada recibirán un haber de retiro basado en su salario actual. Este monto es 15.4% mayor al que se aplicará en 2025, cuando se recorten prestaciones como el pago de riesgos.
Con esta decisión, los ministros que dejen sus cargos tendrán acceso a beneficios considerablemente superiores, lo que ha sido calificado por algunos sectores como un gesto que prioriza intereses económicos personales sobre la responsabilidad pública.
Críticas y cuestionamientos
El acuerdo aprobado por la SCJN ha alimentado la percepción de desigualdad en las percepciones económicas de los altos funcionarios judiciales, quienes ya han enfrentado cuestionamientos sobre sus ingresos y prestaciones.
Diversos analistas y figuras públicas han señalado que esta decisión refleja un distanciamiento de la realidad económica del país y de las políticas de austeridad impulsadas en otros sectores del gobierno.
Un nuevo debate sobre la función pública
La resolución del Pleno de la SCJN reaviva el debate sobre los privilegios en el sector público, en especial dentro del Poder Judicial. ¿Deberían los ministros priorizar una distribución más equitativa de los recursos o defender sus beneficios bajo el argumento de la autonomía judicial?
Este capítulo añade un nuevo nivel de escrutinio sobre las prácticas de la Corte y plantea preguntas sobre el compromiso de los altos funcionarios con los valores de transparencia y justicia social.
