Agencias
Xalapa.- El conflicto con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V., originado durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, ha dejado el sistema de videovigilancia operando a menos del 32% de su capacidad. Esto representa una grave limitación para enfrentar los retos de seguridad en el estado y, lamentablemente, será un problema heredado por la gobernadora electa, Rocío Nahle.
El origen del conflicto radica en el incumplimiento de la instalación de más de 6,500 cámaras de videovigilancia, de las cuales sólo un pequeño porcentaje estaba operativo al momento de la transición gubernamental.
A pesar del problema, la actual administración estatal, liderada por Cuitláhuac García Jiménez, no tomó acciones efectivas en seis años para resolverlo, a pesar de las denuncias presentadas.
No sólo no se logró que el sistema operara adecuadamente, sino que tampoco se investigaron ni sancionaron las irregularidades de la gestión previa.
El hecho de que Yunes Linares haya pagado 1,200 millones de pesos por un sistema prácticamente inoperante, sin que se fincaran responsabilidades durante la administración de García Jiménez, demuestra que hubo un pacto político entre ambos: Yunes no iba a criticar a Cuitláhuac y Cuitláhuac no le iba a ‘pisar la cola’ a Yunes.
Y es que cuando Morena tiene interés en perseguir judicialmente a alguien, lo hace rápido, como en el caso de Rosario Robles, detenida poco después de que López Obrador asumiera la presidencia. Pero en Veracruz, no hubo avances significativos ni en la resolución del problema de las cámaras ni en el esclarecimiento de responsabilidades.
Resulta cuestionable que de más de 6 mil cámaras, sólo funcione el 32%, que en regiones como Córdoba ninguna esté operativa, y que no se haya sancionado a nadie responsable.
