El Poder Judicial de Perú ha ordenado el enjuiciamiento del expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El exmandatario enfrentará graves cargos, incluidos rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo, quien se encuentra detenido desde el mismo día de los hechos.
El juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió el caso y lo envió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que será la encargada de fijar la fecha del juicio y dictar sentencia. En el proceso también están involucrados tres exministros de Castillo: Betssy Chávez (ex presidenta del Consejo de Ministros), Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior y actual congresista). La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para los tres por su presunta complicidad en el intento de golpe.
Además, Aníbal Torres, exjefe del Gabinete Ministerial y asesor cercano de Castillo, está acusado y podría enfrentar 15 años de prisión. El caso también involucra a tres oficiales de la Policía Nacional de Perú, quienes supuestamente intentaron cumplir órdenes para bloquear el Congreso.
¿Qué sigue para Castillo y los demás acusados?
El juicio podría comenzar en enero de 2025, aunque los acusados han negado las acusaciones y buscan su absolución. Mientras tanto, Pedro Castillo y Betssy Chávez permanecen en prisión preventiva hasta diciembre de 2025, mientras que los demás involucrados están sujetos a restricciones, incluyendo la prohibición de salir de Lima sin autorización judicial.
Este proceso promete ser uno de los más importantes en la historia reciente de Perú, con implicaciones significativas para el futuro político y judicial del país.
