AGENCIA
Nacional.- En México, donde a los 10 años una niña debería estar culminando su educación primaria y a los 14 su secundaria, la realidad es alarmante: más de 3 mil niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en 2023. Esta cifra se suma a las estadísticas sombrías que revelan un total de 137 mil 660 embarazos de niñas y adolescentes (hasta 19 años) en el país el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Desde 2015, la situación del embarazo infantil ha sido una preocupación constante, y los datos son preocupantes. En ese año, se registraron 402 mil 452 nacimientos de madres entre 10 y 19 años, representando casi una quinta parte de todos los partos en México. Dentro de este total, 8 mil 540 nacimientos fueron de niñas menores de 15 años, una cifra que ha permanecido insensible al paso del tiempo.
Para abordar esta problemática, se lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea) en 2015, con el ambicioso objetivo de erradicar el embarazo infantil y reducir a la mitad la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años para 2030. Aunque ha habido una notable disminución en la tasa de embarazos en el rango de 10 a 14 años, pasando de 15 por cada 10 mil niñas en 2015 a 6 en 2023, estados como Colima, Guerrero y Tlaxcala aún superan esta cifra.
“Se piensa que este es un problema que afecta principalmente al sur del país, pero al explorarlo más a fondo, es evidente que hay municipios en todas las entidades donde las cifras de embarazo infantil son alarmantes”, explica Vanessa Arvizu, coautora del estudio “Embarazo temprano en México. Panorama de estrategias públicas para su atención”, publicado por el Colegio de México (Colmex).
Entre 2015 y 2023, más de 2.6 millones de niñas y adolescentes se convirtieron en madres en México, un dato que refleja las profundas implicaciones sociales y educativas de esta realidad. Según Arvizu, “este fenómeno se transmite intergeneracionalmente debido a las desigualdades estructurales que afectan a estas jóvenes”.
Recientemente, el caso de Esmeralda, una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo en Querétaro tras ser víctima de abuso sexual por un familiar, destapó una cruda realidad. La indignación generalizada fue causada no solo por el abuso que enfrentó, sino también por la respuesta del gobierno estatal, que intentó criminalizarla en lugar de ofrecerle protección y apoyo.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2021 que ninguna mujer debería ser encarcelada por abortar, solo en 16 estados se ha despenalizado y legalizado esta práctica. En otros estados, aún se castiga, permitiéndose únicamente en casos de violación o cuando la vida de la madre está en peligro, dejando a muchas en situaciones de desamparo.
La investigación revela que en el 50 por ciento (%) de los embarazos de niñas menores de 15 años, el padre tiene entre 18 y 75 años, lo que refleja un preocupante patrón de abuso de poder y desigualdad. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, señala que muchas de estas relaciones son un reflejo de una violencia penetrante que perpetúa el ciclo de vulnerabilidad.
Los especialistas también enfatizan que estos embarazos impactan la salud de las jóvenes, incrementando el riesgo de complicaciones como preeclampsia y otras infecciones. Además, se enfrentan a violencia obstétrica y discriminación en el sistema de salud, lo que agrava aún más su situación.
Entre las consecuencias más devastadoras se encuentra la interrupción de la educación. Nueve de cada diez niñas y adolescentes embarazadas son expulsadas de la escuela, perpetuando un ciclo de pobreza y desventajas educativas que las seguirán a lo largo de sus vidas.
A pesar de algunos avances, la desaceleración en la reducción de embarazos sigue siendo preocupante. Si bien la tasa general ha disminuido, la lentitud con la que sucede en el segmento de menores de 15 años es alarmante. Los especialistas coinciden en que es imperativo implementar medidas más efectivas y brindar atención adecuada para atender las desigualdades que enfrentan estas jóvenes.
La realidad es que, aunque las cifras de natalidad han presentado una leve disminución, queda mucho por hacer. Las políticas públicas han mostrado avances, pero su ejecución debe ser más robusta para lograr el objetivo de erradicar el embarazo infantil y adolescente para 2030. Mientras tanto, cada número refleja una historia de vida, un futuro truncado, y un llamado de atención a la sociedad mexicana para enfrentar esta problemática con urgencia y empatía.
