De la Redacción
El Buen Tono
Región.- En Veracruz, la licitación pública de obras es una simple simulación que encubre un sistema corrupto de adjudicaciones directas, donde los contratos se reparten como favores personales y no conforme a la ley.
Este modelo de corrupción está protegido por una red de complicidad, donde los alcaldes son respaldados por el Congreso de mayoría morenista y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), que, aunque detecta y reporta estas prácticas ilícitas, se limita a registrarlas en papel sin denunciar ni sancionar a los responsables.
Así, los reportes del Orfis quedan en meros documentos de archivo, sin consecuencias reales para quienes incumplen con la ley y continúan beneficiando a un reducido grupo de empresarios y personas cercanas a las administraciones municipales.
Este panorama de corrupción e impunidad contrasta con el estilo de vida que llevan muchos de estos presidentes municipales, quienes, lejos de vivir en condiciones modestas o en colonias populares, gozan de bienes y comodidades que no se corresponden con sus sueldos.
Es común que aparenten una falsa modestia en público, evitando el lujo ostentoso con la finalidad de no atraer la atención, pero, por supuesto, sin compartir las dificultades económicas que enfrentan sus gobernados.
La discreción se ha vuelto una táctica política más que un verdadero reflejo de austeridad, mientras sus municipios siguen con carencias en infraestructura, servicios básicos y empleo.
La opacidad y la falta de rendición de cuentas en la adjudicación de obras públicas reflejan un sistema donde los intereses particulares están por encima del bienestar colectivo.
