AGENCIA
Yucatán, México.- La comunidad de Santa María Chi, en Yucatán, continúa su lucha legal contra la granja porcícola “Santa María”, operada por la empresa Pecuaria Peninsular, a la que acusan de contaminar el agua y los ecosistemas locales. Los habitantes, respaldados por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), buscan que la empresa detenga su producción de cerdos, argumentando que representa un riesgo para la salud de la niñez y el medio ambiente de la región maya.
Desde 2023, los habitantes han presentado denuncias ante instancias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como ante autoridades locales de Mérida y Tixkokob. Sin embargo, recientemente enfrentaron un revés legal: el subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Alfonso Náhuatl Puc, quien lidera las denuncias contra la empresa, fue acusado penalmente por presunto despojo de inmueble y privación ilegal de la libertad. Esta acusación surge de una protesta realizada el 14 de mayo de 2023.
Para el IFDP, esta denuncia representa un acto de criminalización hacia defensores del medio ambiente, como Náhuatl Puc, quienes luchan por el derecho a un entorno sano, protegido por la Constitución y tratados internacionales. El Instituto condenó el uso de la justicia penal para intimidar a los activistas, instando a las autoridades a proteger a la comunidad de Santa María Chi y sus defensores ambientales.
La granja de cerdos, situada en Santa María Chi, opera con 72 naves industriales y un sistema de aguas residuales en una superficie superior a 3 millones de metros cuadrados. La comunidad, con sus propios recursos, ha denunciado reiteradamente que la operación de la granja impacta negativamente al entorno y afecta a la población indígena local.
