En una decisión sin precedentes, México se encamina hacia una reforma judicial radical: todos sus jueces serán elegidos por voto popular. Esto incluye miles de cargos judiciales tanto a nivel federal como estatal. Tras meses de intenso debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado una propuesta que buscaba limitar esta reforma impulsada por el oficialismo y respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora bajo la administración de Claudia Sheinbaum. La resolución cierra el camino para cualquier modificación y establece una nueva era de participación ciudadana en el sistema de justicia mexicano.
La SCJN necesitaba al menos ocho votos para aprobar el proyecto que podría haber limitado la cantidad de jueces electos, protegiendo a miles de juzgadores en sus posiciones actuales. Sin embargo, el apoyo inesperado del ministro Alberto Pérez Dayán al oficialismo inclinó la balanza en contra de la propuesta, asegurando que México se convertirá en el primer país de su tamaño en elegir a todos sus jueces en las urnas.
Una reconfiguración de la justicia en México
A partir de 2025, los mexicanos tendrán el poder de elegir a aproximadamente 1,700 jueces federales en dos elecciones programadas para 2025 y 2027. Estos comicios abarcarán cargos como jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, este último una reciente creación. Además, el mismo sistema de votación se aplicará en los 32 estados del país, donde se renovarán los poderes judiciales locales en elecciones paralelas.
La reforma plantea un cambio significativo, ya que el sistema judicial, tradicionalmente independiente y nombrado a través de procesos internos, ahora estará en manos del electorado. Los mexicanos tendrán que elegir entre candidatos para tribunales en todas las materias, desde justicia familiar hasta tribunales especializados en áreas complejas como el comercio y las telecomunicaciones.
Un escenario inexplorado
Este cambio genera grandes expectativas y desafíos. Algunos defensores de la reforma afirman que la elección directa de jueces podría democratizar el sistema judicial, otorgando al pueblo la capacidad de decidir quiénes administran justicia. Sin embargo, los críticos advierten sobre los riesgos de politizar el sistema judicial y las dificultades de los ciudadanos para evaluar las cualidades y capacidades de miles de candidatos en un ámbito altamente técnico.
México avanza hacia una nueva etapa de justicia, en la que el poder judicial estará más cerca de los votantes que nunca antes. La elección de jueces por voto popular promete ser un proceso que transformará la relación entre el sistema de justicia y los ciudadanos, pero también abre una incógnita sobre cómo influirá en la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales en el país.
