AGENCIA
Nigeria.- En un caso que ha generado alarma internacional, 29 menores en Nigeria podrían ser condenados a muerte tras su participación en una protesta contra la crisis récord del costo de vida en el país. Este viernes, cuatro de los menores colapsaron en el tribunal debido al agotamiento antes de poder presentar su declaración, reflejando el estrés y las duras condiciones a las que están sometidos.
Un total de 76 manifestantes, incluidos los niños, fueron acusados de 10 delitos graves, entre ellos traición, destrucción de propiedad, disturbios públicos y motín, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por The Associated Press. Los menores tienen entre 14 y 17 años, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la legalidad y moralidad de procesarlos con cargos que podrían llevar a la pena capital.
La crisis económica y la inflación han desencadenado una ola de protestas en Nigeria, con ciudadanos demandando mejores condiciones de vida. En agosto, al menos 20 personas murieron y cientos fueron arrestadas durante una manifestación en la que la juventud exigía oportunidades y empleo. La situación actual refleja el creciente descontento social en un país que, a pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo de África, enfrenta niveles críticos de desigualdad y pobreza.
A pesar de que Nigeria no ha realizado ejecuciones desde 2016, la posibilidad de que los menores sean condenados a muerte ha generado una fuerte reacción en la comunidad jurídica y en organizaciones de derechos humanos. Akintayo Balogun, un abogado en Abuja, sostuvo que la Ley de Derechos del Niño en Nigeria prohíbe someter a menores a procedimientos penales que puedan resultar en una sentencia capital. Balogun destacó que llevar a estos jóvenes ante un tribunal federal no sería adecuado a menos que se pueda probar que superan los 19 años.
El tribunal otorgó a los acusados una fianza de 10 millones de nairas (alrededor de 5 mil 900 dólares) cada uno, junto con condiciones estrictas para su liberación, informó Marshal Abubakar, abogado defensor de algunos de los menores. Abubakar denunció las condiciones a las que han estado expuestos los niños, señalando que han permanecido en detención durante 90 días sin acceso adecuado a alimentos.
La detención y procesamiento de estos menores ha llevado a figuras prominentes a condenar el actuar de las autoridades. Yemi Adamolekun, directora ejecutiva de la organización de la sociedad civil Enough is Enough, criticó duramente el sistema judicial nigeriano. “La presidenta del Tribunal Supremo de Nigeria debería estar avergonzada; es una mujer y una madre”, declaró Adamolekun, cuestionando el compromiso del país con la protección de sus niños.
Nigeria se encuentra en una situación crítica: a pesar de su riqueza petrolera, enfrenta una inflación sin precedentes en 28 años, una moneda local en mínimos históricos y una crisis de seguridad alimentaria, según un reciente informe de la ONU que clasifica al país como un “punto crítico de muy alta preocupación”. La combinación de corrupción, dificultades económicas y la represión de los movimientos sociales han puesto a la nación en una encrucijada, donde el futuro de sus ciudadanos más jóvenes está en peligro.
La situación de estos niños acusados y las decisiones judiciales que los afectan se han convertido en un símbolo de los profundos desafíos que enfrenta Nigeria en cuanto a justicia y derechos humanos, generando cuestionamientos sobre la dirección que tomará el país para proteger a sus ciudadanos en medio de una crisis económica y social creciente.
