AGENCIA
Tlaxcala.- En un trágico incidente ocurrido en la planta de Aceros Simec, ubicada en Xaloztoc, Tlaxcala, al menos 13 trabajadores perdieron la vida tras la explosión de una olla que contenía toneladas de escoria de acero, la cual alcanzó temperaturas superiores a los 1,500 grados centígrados. Este suceso ha desatado la indignación de trabajadores, familiares y extrabajadores, quienes han calificado la planta como “la entrada al infierno” debido a las deficientes condiciones de seguridad y salarios miserables que ofrece la empresa.
El accidente se produjo cuando el material caliente cayó sobre la cuadrilla de trabajadores. Georgina González, madre de un extrabajador, expresó su consternación al afirmar que su hijo había dejado de trabajar en la planta hace solo 20 días, debido a las alarmantes condiciones de riesgo. “Si mi hijo no hubiera salido de ahí, seguramente le pudo haber pasado lo mismo”, lamentó.
Jonathan, un joven ingeniero industrial de 28 años, fue uno de los empleados que perdió la vida. Su madre, Yumini, reveló que él había estado buscando salir de la planta, donde las condiciones eran inseguras y el equipo viejo. “Mi hijo me ayudaba mucho, él ya se quería salir de ahí”, comentó, visiblemente afectada.
Otro trabajador, Leonardo, de 36 años, también perdió la vida en el accidente. Su esposa, Dulce González, narró que él había sido prometido un ascenso y un aumento salarial, a pesar de ser consciente de los riesgos en su trabajo. “Lo único que yo pido es justicia, que se cierre esa empresa porque no es justo”, exigió Dulce, quien dependía de su esposo económicamente.
Los familiares de las víctimas han iniciado procesos para identificar los cuerpos, que podrían tardar hasta 10 días debido al grado de calcinamiento. “Dijeron que apenas va uno, y si se llegara a reconocerse, se haría por la dentadura, alguna placa o algún tatuaje”, explicó Francisca Romero, hermana de uno de los fallecidos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha comenzado las investigaciones pertinentes, mientras que el gobierno local ha declarado que la empresa cubrirá las indemnizaciones legales y brindará apoyo para la educación de los hijos de las víctimas, según un comunicado de la gobernadora, Lorena Cuéllar. Sin embargo, la demanda de justicia y la exigencia de mejores condiciones laborales continúan resonando entre los deudos y la comunidad.
