AGENCIA
Nacional.- En los últimos días, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha enfrentado una advertencia inusual por parte del ministro en retiro José Ramón Cossío, quien señaló que, de no acatarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum podría ser destituida. Las declaraciones han suscitado un intenso debate político, a lo cual la presidenta respondió llamando a la calma y calificando el pronunciamiento de Cossío como una “provocación”.
El conflicto surgió luego de que el ministro Cossío mencionara en entrevista que, si Sheinbaum y los legisladores ignoran el fallo del ministro Luis González Alcántara Carrancá, que invalida parcialmente la reforma del Poder Judicial, la SCJN podría, con base en los artículos 105 y 107 de la Constitución, proceder con la destitución de funcionarios sin necesidad de votación en el Congreso.
En una conferencia de prensa, Sheinbaum criticó las advertencias, sugiriendo que algunos ministros actúan con intenciones políticas que reflejan un conflicto de poder. “Estamos hablando de que quieren un golpe de Estado”, declaró, señalando que la independencia del Poder Judicial se encuentra en el centro de una disputa de poder en lugar de una cuestión de justicia.
La presidenta también planteó la posibilidad de iniciar juicios políticos contra ministros de la SCJN que, en su opinión, han actuado con sesgo en su contra y en contra de su gobierno. Esta postura ha encendido un debate sobre los límites y las facultades de cada poder y sobre la interpretación de la ley en torno a la autonomía del Poder Judicial.
La reforma al Poder Judicial promovida por el gobierno de Sheinbaum busca redefinir el rol de jueces y magistrados, así como su independencia. Sin embargo, la SCJN, a través del ministro González Alcántara Carrancá, propuso invalidarla parcialmente, argumentando que algunos de sus artículos violan la Constitución y comprometen la autonomía judicial. En este contexto, Cossío advirtió que no acatar el fallo podría considerarse desacato, lo que, según él, habilitaría a la SCJN para proceder con destituciones.
La posibilidad de que la SCJN destituya a un presidente ha desatado un debate legal y político sobre la independencia de los poderes en México. Si bien la Constitución otorga a la SCJN autoridad para resolver controversias constitucionales, un desacato a sus mandatos por parte de un alto funcionario como la presidenta podría tener repercusiones políticas significativas y enfrentaría un camino procedimental lleno de desafíos.
Al minimizar las advertencias, Sheinbaum busca consolidar su liderazgo y enviar un mensaje de estabilidad a sus aliados. Para la presidenta, las próximas semanas serán fundamentales para fortalecer la percepción pública de su gobierno y enfrentar los desafíos derivados de esta disputa. Con el tema en el ojo público, el debate sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes sigue latente, y el gobierno de Sheinbaum deberá encontrar un balance ante las crecientes tensiones con la SCJN.
