AGENCIA
Veracruz.- El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, enfrenta graves señalamientos de corrupción tras revelarse el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante una red de 227 empresas fantasma. Según las acusaciones, este esquema habría impactado sectores clave como la salud, la educación y el desarrollo social, desviando recursos destinados a servicios esenciales.
La administración estatal habría canalizado hasta el 80 por ciento (%) de sus contratos públicos a un grupo selecto de empresas ficticias, muchas de las cuales operan con domicilios en viviendas particulares en colonias populares. Entre las compañías investigadas se encuentran Dimaq de Xalapa SA de CV, Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV, y Distribuidora Biotecpharma S. de RL de CV, creadas entre 2019 y 2022, coincidiendo con la gestión de García Jiménez.
De las 227 empresas fantasma detectadas, la Secretaría de Salud es la principal fuente de adjudicaciones, con 52 de estas empresas recibiendo contratos. Cinco compañías concentran cerca del 80% de los recursos destinados al sector salud, una cifra que alcanza los cinco mil millones de pesos sin evidencia de entrega de los bienes o servicios pactados.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Araly Rodríguez Vez, una profesora de secundaria en Poza Rica que, sin experiencia en el sector de proveeduría, obtuvo contratos por más de 100 millones de pesos. De acuerdo con el diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, Rodríguez recibió contratos por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública por conceptos tan diversos como uniformes, equipo médico y despensas.
A pesar de su sueldo de 9 mil pesos mensuales como docente, Rodríguez registró su actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apenas una semana después de firmar su primer contrato. Desde entonces, ha sumado adjudicaciones por más de 60 millones de pesos solo en el área de salud, además de contratos adicionales para la compra de sillas de ruedas y carriolas pediátricas.
Ante el creciente escándalo, legisladores y organizaciones civiles han exigido auditorías independientes y acciones legales contra los involucrados. Ramírez Marín instó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo investigaciones formales y transparentes.
En un contexto de alta demanda de servicios sociales y de salud, este presunto desvío de recursos ha afectado gravemente a hospitales, escuelas y programas de desarrollo en Veracruz. La administración estatal enfrenta un fuerte escrutinio público y una demanda de rendición de cuentas en un caso que expone una profunda falta de controles y transparencia en la gestión de recursos bajo el mandato de Cuitláhuac García Jiménez.
