La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado para el martes 5 de noviembre la discusión de un proyecto clave en torno a la Reforma al Poder Judicial, que propone eliminar la elección de jueces y magistrados a través de un ejercicio democrático. Este proyecto, presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se someterá a debate en una sesión privada de la Corte.
La propuesta plantea que, aunque se eliminaría la elección popular de jueces y magistrados, se mantendría la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Además, busca desmantelar la figura de los “jueces sin rostro”, implementada para proteger la identidad de quienes participan en procesos judiciales contra el crimen organizado, lo que ha suscitado preocupación sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
Entre otros cambios, el proyecto del Ministro Carrancá contempla la anulación de los comités de evaluación y la eliminación del sorteo para la selección de quienes aspiren a ocupar un puesto en la Corte. Este enfoque se presenta como una respuesta a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por varios partidos políticos en contra de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que, según el Ministro, viola principios fundamentales de independencia y separación de poderes.
González Alcántara argumenta que el análisis de la reforma es necesario para restaurar la normalidad institucional y resolver la actual crisis constitucional que enfrenta el país. En el proyecto se menciona que no existen causales legales que impidan a la SCJN pronunciarse sobre la Reforma Judicial, desafiando así las afirmaciones de la Presidenta y los partidos de la Cuarta Transformación.
Este debate podría marcar un punto de inflexión en la estructura del Poder Judicial en México, y el resultado de esta discusión será observado de cerca por todos los sectores de la sociedad. La SCJN, en su intento por mantener la independencia judicial, enfrenta el reto de equilibrar la reforma con la necesidad de garantizar una justicia accesible y transparente.