En un giro significativo en la política judicial de México, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado un proyecto ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que busca invalidar parcialmente la reforma judicial aprobada el 15 de septiembre. Este proyecto surge en el contexto de crecientes preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad del proceso electoral de 2025, que, según el ministro, no ofrece las garantías necesarias para una elección justa y equitativa.
La acción de inconstitucionalidad 164/2024, respaldada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y otros actores políticos, destaca que el actual sistema de selección de funcionarios judiciales carece de las condiciones mínimas de seguridad jurídica. El documento de 366 páginas ya ha sido entregado a los integrantes de la SCJN y se espera su discusión en las próximas semanas.
González Alcántara señala que el proceso actual, que comenzó formalmente con la selección de 711 funcionarios a través de una tómbola, presenta serias dudas sobre la equidad y transparencia, lo que afecta no solo a los candidatos, sino también a la ciudadanía, que merece un voto informado. Además, se cuestiona la figura de “jueces sin rostro”, argumentando que esta medida vulnera el derecho al debido proceso.
La propuesta también hace hincapié en la necesidad de “autocontención” por parte del Pleno para no pronunciarse sobre la elección de ministros, sugiriendo que la erosión de la legitimidad de la SCJN podría agravar aún más la crisis constitucional en el país.
Este momento crítico en el sistema judicial mexicano plantea un debate crucial sobre la integridad de las elecciones y la función de la justicia en la defensa de las garantías individuales. A medida que se acercan las elecciones de 2025, la atención se centra en cómo este proyecto de sentencia podría moldear el futuro del sistema judicial y la confianza pública en las instituciones.
