En una larga sesión que se extendió por más de ocho horas, el Senado de la República aprobó con 81 votos a favor y 40 en contra las reformas a las leyes secundarias que establecerán las reglas para la elección de 896 jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025. Esta decisión se tomó principalmente con el apoyo de la bancada de Morena y sus aliados, quienes decidieron eliminar una controvertida adición que proponía el “derecho de veto” por parte de los tres poderes de la Unión sobre los candidatos a ocupar estos importantes cargos.
La reforma, que modifica la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y la Ley de Medios de Impugnación, busca normar la participación ciudadana en la renovación de los Poderes Judiciales. Esto incluye aspectos como la convocatoria y postulación de candidaturas, la organización de la elección, la propaganda electoral y la realización de encuestas y sondeos de opinión.
Durante la discusión en el Senado, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, anunció el retiro de la reserva que proponía el derecho de veto: “No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Estamos a favor de que haya un proceso democrático electivo de jueces, ministros y magistrados”, aseguró Mier, subrayando el compromiso de su partido con la democracia en el proceso de selección judicial.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció en contra del veto de los poderes de la Unión a las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros que serán emitidas por los comités de evaluación. Esta posición parece alinear a la presidenta con las preocupaciones de la oposición respecto al control que podría ejercer el partido en el proceso de selección.
Claudia Anaya, senadora del PRI, expresó su preocupación sobre los riesgos de la reforma, argumentando que “los jueces no representan a nadie, los jueces representan la ley, y las sentencias no deben de ser populares; deben de ser legales, simplemente legales.” Anaya advirtió que al someter a los jueces a la opinión pública se corre el riesgo de fomentar un “populismo punitivo” o “populismo judicial”, lo que podría distorsionar la justicia en México.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, calificó las reformas como un “atropello, un engaño y un fraude”. Alertó que la modificación del artículo 500, numeral 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorgaría a Morena un control absoluto sobre quién aparece en la boleta para elegir jueces, magistrados y ministros, consolidando así el poder del partido en el proceso judicial.
La aprobación de estas reformas ha suscitado un intenso debate sobre la independencia del Poder Judicial y la necesidad de un proceso electoral transparente y democrático en la selección de sus miembros. Con el panorama político en constante cambio, el impacto de estas reformas en el sistema judicial mexicano y en la percepción pública de la justicia en el país seguirá siendo un tema crucial en el futuro.
