AGENCIA
Nacional.- El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que se alcanzó un acuerdo con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, para reanudar el diálogo entre el Poder Legislativo y el Judicial. Este anuncio se dio tras una reunión que tuvo lugar en el Senado durante la celebración del Bicentenario de la Instauración de la Cámara Alta.
Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dio la bienvenida institucional a la ministra, expresando que era un honor recibirla en el recinto de Xicoténcatl. La reunión privada posterior al evento contó con la presencia de Piña Hernández, Natalia Reyes Heroles, secretaria general de la presidencia de la SCJN, así como de Fernández Noroña y los líderes parlamentarios de Morena, Adán Augusto López e Ignacio Mier.
Al finalizar el evento, Fernández Noroña declaró que se acordó reanudar el diálogo, afirmando que, “incluso en las condiciones más difíciles, es importante mantener el diálogo”. Este encuentro marca un hito en las relaciones entre el Legislativo y el Poder Judicial en un momento de tensión, en el que ambos poderes se dirigen hacia un choque directo debido a la Reforma Judicial que contempla la elección de funcionarios.
El Senador también destacó que, aunque había tenido diálogo previo con la ministra Piña, todavía se mantiene en una postura de posible confrontación de poderes. “Me parece muy importante que esté dispuesta al diálogo y espero que materialicemos acuerdos que superen toda la controversia que ha habido”, comentó.
Fernández Noroña comparó la situación actual con una escena clásica de películas antiguas, donde dos autos se dirigen uno hacia el otro, sugiriendo que “uno se va a tener que quitar, y no es el nuestro”. El senador enfatizó que el objetivo del grupo mayoritario en el Senado es llevar a cabo la elección que ordena la reforma judicial, sin tener en cuenta los fallos del máximo tribunal.
El legislador reiteró que la Corte no tiene atribuciones para impugnar una reforma constitucional, citando el artículo 135 de la Constitución sobre quién puede realizar reformas de este tipo, y recordando que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no procede un amparo contra reformas constitucionales.
