Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- El caso de despojo a los ex trabajadores del campo deportivo Cerritos y el edificio sindical, pone de manifiesto prácticas de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
A pesar de que se presentó un expediente robusto demostrando que Ángel García y Héctor Alejandro no eran los representantes legítimos del sindicato, los tribunales fallaron a su favor, dejando a los ex empleados en una situación vulnerable.
Hermenegildo Cortés, representante de los ex trabajadores, denunció que la venta del terreno fue orquestada por estas dos personas, quienes se presentaron como representantes legales del sindicato sin tener la autoridad legítima para hacerlo.
“En 2021, el Registro Laboral de México les otorgó un simple oficio donde se notificaba la modificación de la mesa directiva, designando a García y Alejandro como los nuevos dirigentes sindicales. A partir de ahí, comenzó una serie de irregularidades que violaron el debido proceso”, señaló.
La demanda colectiva presentada por los ex trabajadores incluye pruebas que muestran cómo el terreno fue vendido sin el respaldo de una asamblea sindical válida. Sin embargo, de acuerdo al representante legal, el Tribunal Federal encargado de asuntos colectivos desestimó el caso de manera indebida, lo que generó sospechas de favoritismo y reuniones clandestinas entre los acusados y el secretario instructor durante el proceso judicial.
“Al principio, fuimos tratados con cordialidad, pero conforme avanzó el juicio, todo cambió. Nos atendían en los pasillos, mientras que a ellos los pasaban a las oficinas. Esta discriminación dejó claro que había influencias externas”.
