DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
REGIÓN.- En Córdoba y Orizaba, la corrupción ha sido un mal endémico que atraviesa gobiernos y administraciones, pero lo más indignante no es sólo el robo descarado del dinero público, sino la impunidad de los que son responsables.
Nunca en la historia reciente de estos municipios ha habido un sólo funcionario tras las rejas, ni devolviendo un peso o propiedad adquirida ilegalmente con recursos del erario.
Ninguno ha sido inhabilitado, ni sancionado. ¿Acaso Córdoba y Orizaba son ejemplos impolutos donde ningún servidor público ha delinquido? No, lo que vivimos es la manifestación más descarada de corrupción institucionalizada y la ausencia de justicia.
Lo que más sorprende es que el Orfis, desde sus entrañas, está diseñado para proteger a quienes saquean el patrimonio público. Aquí, la impunidad es el escudo que garantiza que ningún corrupto enfrente las consecuencias de sus acciones.
Año tras año, administración tras administración, los recursos de los ayuntamientos son desviados, y queda la sensación de que todo sigue igual, no hay investigaciones, sanciones ejemplares, mucho menos un esfuerzo por erradicar la corrupción.
Cuando Morena llegó al poder prometió erradicar la corrupción, de poner fin a la impunidad que había plagado al país por décadas. Sin embargo, seis años después, el panorama en municipios como Córdoba con el gobierno de Leticia López es devastador.
