AGENCIA
Chihuahua.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua (TEJA) emitió una sentencia que marca un punto de inflexión en la carrera política de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena. La resolución, dictada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal, lo inhabilita por un año para ocupar cualquier cargo público, tras no poder justificar la compra de un terreno en Ciudad Juárez en su declaración patrimonial.
El terreno en cuestión, ubicado junto a su vivienda y adquirido como espacio recreativo, levantó sospechas debido a la falta de claridad en su declaración, lo que derivó en la sanción. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para su futuro político, especialmente su continuidad en el Senado de la República, donde actualmente preside la Comisión de Justicia.
El origen del caso se remonta a 2019, cuando Omar Bazán, exdiputado priista, presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Corral ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), alegando que el exgobernador omitió declarar la compra del terreno. La denuncia llevó a que el caso fuera trasladado al Tribunal Administrativo, que tras analizar las pruebas determinó la inhabilitación de Corral por un año. Esta sanción le impide ocupar cualquier cargo público, así como participar en licitaciones o contratos gubernamentales.
Corral ha defendido su inocencia, afirmando que es víctima de una “persecución política” promovida por sus adversarios. Ha anunciado que recurrirá a las vías legales para apelar la decisión, lo que podría retrasar la ejecución de la inhabilitación.
El impacto político de la sentencia es significativo. El pleno del Senado deberá discutir si Corral podrá seguir ocupando su escaño como senador. La Constitución mexicana establece que los servidores públicos sancionados con inhabilitación deben separarse de sus cargos, pero Corral aún tiene la opción de presentar un amparo para posponer su destitución.
Mientras tanto, la opinión pública está dividida. Algunos ven la sanción como una confirmación de que Corral abusó de su poder, mientras que otros lo consideran una víctima de una campaña de desprestigio. Lo que es evidente es que el futuro político de Corral está en juego, y las próximas semanas serán decisivas para determinar su destino en la escena pública.
Este caso también tiene repercusiones en la política estatal y federal, abriendo debates sobre la corrupción y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos en México.
