AGENCIA
Nacional.- El crimen organizado en México ha encontrado un aliado clave en la corrupción dentro de las estructuras políticas locales. Desde alcaldes hasta gobernadores, algunos funcionarios han facilitado la expansión de organizaciones criminales al mirar hacia otro lado o colaborar activamente con ellas.
Esta complicidad no solo ha debilitado la seguridad de las comunidades, sino que también ha permitido que los cárteles de la droga y otras redes delictivas se infiltren cada vez más en la política y la vida cotidiana.
A lo largo de la historia reciente del país, múltiples investigaciones han señalado cómo el poder político ha sido utilizado para proteger a los cárteles. La falta de acción de las autoridades, sumada a la debilidad de las instituciones de justicia y los mecanismos de rendición de cuentas, ha facilitado que el crimen organizado establezca su control en territorios clave.
Las organizaciones criminales buscan alianzas con políticos locales para garantizar que sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico, extorsión y secuestro, no sean interrumpidas. A cambio, muchos funcionarios reciben grandes sumas de dinero o son forzados a colaborar bajo amenazas. Esto ha generado un ambiente de impunidad que ha agravado la inseguridad en regiones como Michoacán y Guerrero, donde los cárteles han llegado a ejercer un “gobierno paralelo”, controlando incluso aspectos de la vida diaria de los ciudadanos.
Un caso emblemático de corrupción política vinculada al crimen organizado es el de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien fue acusado de desviar millones de pesos mientras el estado sufría un incremento alarmante de homicidios y desapariciones. Durante su mandato, los cárteles operaban con impunidad, lo que consolidó el control del crimen en la región.
En Tamaulipas, varios alcaldes y funcionarios locales han sido arrestados por sus nexos con organizaciones criminales, evidenciando que la corrupción a nivel local ha sido un factor clave en el crecimiento del crimen organizado en muchas partes del país.
Para frenar esta situación, es imprescindible fortalecer las instituciones locales y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas. El gobierno federal debe implementar políticas más estrictas para evitar que los políticos locales protejan a los criminales. Asimismo, la presión pública, impulsada por la sociedad civil y los medios de comunicación, es crucial para denunciar y combatir estos casos de corrupción, exigiendo transparencia y justicia.
