Un tribunal de Argentina ha dado un paso decisivo en la lucha contra la impunidad al ordenar la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta decisión fue tomada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en respuesta a una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) a principios de 2023, que se basa en el principio de jurisdicción universal. Este principio permite a los países juzgar graves violaciones de derechos humanos sin importar dónde hayan ocurrido.
Junto a Maduro, también se emitieron órdenes de captura contra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, y otros miembros del Ejecutivo chavista. El FADD, compuesto por políticos, académicos y defensores de derechos humanos, calificó la decisión de “histórica” y un avance crucial en la lucha contra la impunidad de dictadores.
Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, subrayó que este logro es un reconocimiento a las valientes víctimas que han testificado sobre la represión, las detenciones arbitrarias y las torturas sufridas bajo el régimen de Maduro. Waldo Wolff, presidente del FADD y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmó el compromiso de apoyar a los venezolanos en su búsqueda de justicia.
Elisa Trotta, secretaria general del FADD, advirtió que, a partir de ahora, Maduro se convierte en un “prófugo de la justicia”. Trotta hizo un llamado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que actúe y avance con órdenes de captura internacional, destacando la necesidad de castigar a quienes han perpetrado crímenes atroces en Venezuela.
Esta decisión judicial se produce en un momento crítico, justo una semana después de que la Misión Internacional Independiente de la ONU denunciara una “brutal represión” y una “violencia sin precedentes” en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. La comunidad internacional sigue de cerca esta situación, con la esperanza de que la justicia prevalezca y se haga responsable a quienes han violado los derechos humanos en el país sudamericano.
