AGENCIA
Nacional.- La ausencia de 110 días, equivalente al 50 por ciento (%) del calendario escolar, de una alumna ha puesto en alerta a su padre, quien, tras su divorcio, sospecha que se está cometiendo un atentado contra el derecho a la educación de su hija. Este hecho derivó en un juicio en contra de la madre y de la escuela por presunta complicidad en lo que parece ser un caso de interferencia parental, un fenómeno alarmante en México, donde 9 de cada 10 divorcios terminan en disputas legales.
El padre, preocupado por las reiteradas faltas de la madre en llevar a su hija a la escuela y las justificaciones proporcionadas por la tutora al cuidado provisional, solicitó a un juez de lo familiar que se prestara atención al caso. Ha sido incapaz de mantener una convivencia sana con su hija durante años, lo que ha aumentado su inquietud.
Es importante destacar que, en diversas ocasiones, las escuelas se convierten en cómplices al obstaculizar los vínculos entre padres e hijos. Las denuncias incluyen situaciones en las que las instituciones educativas impiden a los niños participar en actividades escolares, lo que puede agravar aún más la situación familiar tras un divorcio.
En este contexto, se documentó no solo la complicidad de la escuela en este caso, sino también actos discriminatorios hacia la menor. Este hallazgo llevó a la destitución de Karina “N”, directora del Liceo Mexicano Japonés (LMJ), en un esfuerzo por abordar esta problemática.
Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de la organización de la sociedad civil MAAS Infancia Feliz A.C., calificó el caso como un ejemplo de éxito que espera se repita en otras instituciones que contribuyen a la obstrucción de vínculos parentales. Anunció que distintas organizaciones se preparan para manifestarse contra las escuelas que participen en casos de “interferencia parental”.
Activistas de diversas asociaciones han exigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que analice las ausencias de los alumnos y busque fomentar oportunidades de convivencia, ya sea de manera presencial, virtual o de la forma que acredite que los menores no sean rehenes de conflictos emocionales causados por alguno de los padres.
Además, un consejero del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México enfatizó: “Es responsabilidad de todas las personas adultas proteger a los infantes y prevenir actos discriminatorios de las escuelas que atentan contra el sano desarrollo de la personalidad. Es crucial que alzamos la voz ante las autoridades educativas y los tres órdenes de gobierno para garantizar y reintegrar los derechos a la educación de las niñas, niños y adolescentes”.
