DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
REGIÓN.- La devastación de la selva en la Barranca de San Miguel, a lo largo del río Metlac, es un golpe directo a la ecología de la región y un doloroso recordatorio de la corrupción gubernamental en Veracruz.
Desde octubre del año pasado, cuando la zona fue declarada Área Natural Protegida, la tala indiscriminada de árboles ha continuado, amparada por la corrupción de autoridades estatales y municipales, quienes parecen más preocupadas por intereses económicos que por la conservación de los recursos naturales.
Al pie de la carretera que conecta Fortín con Ixtaczoquitlán, los árboles caen uno tras otro, sin que la Procuraduría del Medio Ambiente, los alcaldes de municipios cercanos y el gobernador Cuitláhuac García intervengan.
Esta área, que debe ser un refugio para la biodiversidad, es arrasada por la codicia de los chayoteros, quienes han encontrado terreno fértil para sus negocios ilegales, ante la pasividad del gobierno estatal.
La tala ilegal en la Barranca de San Miguel es la punta del iceberg en un estado donde los delitos ambientales son cometidos con impunidad; Veracruz ha visto desaparecer grandes extensiones de bosque de pinos, como el Parque Nacional Pico de Orizaba.
Organizaciones civiles y ambientalistas han denunciado la falta de acciones contundentes para frenar la depredación de ecosistemas. Sin embargo, sus voces han sido ignoradas por la complicidad de los funcionarios, quienes dan prioridad a los intereses privados sobre el bienestar colectivo.
Lo más alarmante es el gobierno estatal pasivo. Ni el gobernador ni su gabinete han emitido una postura clara o tomado acciones.
La corrupción en la administración estatal, porque les dan billete, permite que un área de importancia ambiental y turística sea destruida ¡a la vista de todos!
