En una sesión que marcó un hito en la política de seguridad nacional, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma constitucional que busca integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 362 votos a favor y 133 en contra, los legisladores dieron luz verde al dictamen, que ahora será sometido a una extensa discusión en lo particular debido a las 433 reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución, eliminando la definición de la Guardia Nacional como una “institución policial de carácter civil” para consolidarla como una “fuerza de seguridad pública, profesional y permanente”, integrada por personal militar con formación policial. Este cambio también refuerza la dependencia de la Guardia Nacional a la Sedena, asignándole la tarea de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La decisión ha generado un intenso debate. Mientras algunos ven en la reforma una respuesta contundente a la crisis de seguridad que vive el país, otros la consideran un retroceso en términos de control civil sobre las fuerzas armadas. Con las 433 reservas sobre la mesa, se anticipa una prolongada y acalorada discusión en los próximos días, que podría redefinir el futuro de la seguridad pública en México.
Esta reforma no solo pone en la mesa la relación entre el poder civil y militar, sino que también plantea interrogantes sobre el rumbo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y sus implicaciones para la sociedad mexicana. ¿Será esta la solución a los problemas de violencia e inseguridad, o se abre la puerta a una mayor militarización del país?
