En diciembre de 2019, cuando Genaro García Luna ya se encontraba en custodia en Estados Unidos enfrentando graves acusaciones de delincuencia organizada y tráfico de drogas, se reavivó el debate sobre su red de contactos en México. Entre estos vínculos se destacó la relación cercana con Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz.
Durante su mandato, Yunes Linares no solo presumió de su amistad con García Luna, sino que también enfatizó su estrecha colaboración en el ámbito de la seguridad. En 2016, como gobernador electo, Yunes Linares celebró una reunión con García Luna en la Ciudad de México, describiéndola como “muy grata” y destacando su experiencia en seguridad. Según sus propias palabras, García Luna era un amigo de muchos años y colaborador en diversos roles dentro de la administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, la reciente atención de los medios hacia la relación entre Yunes Linares y García Luna ha puesto de manifiesto las implicaciones más oscuras de este vínculo. La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estadounidenses han abierto investigaciones sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico, lo que ha salpicado a sus cercanos colaboradores.
El círculo cercano de García Luna, incluyendo figuras como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, quienes ocuparon altos cargos en la policía durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, está bajo el escrutinio de las autoridades. Las revelaciones sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2001 han intensificado la mirada sobre exfuncionarios federales, incluyendo a Yunes Linares, implicados en las controversias de aquel entonces.
En particular, Reporte Índigo destaca cómo la fuga de “El Chapo” y la corrupción en el penal de Puente Grande revelan un entramado de corrupción y complicidad que se extiende a lo largo de varios niveles de la administración de seguridad pública.
La relación entre Yunes Linares y García Luna, antes vista como una colaboración profesional, ahora es interpretada bajo una nueva luz, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado. La investigación actual busca desentrañar el verdadero alcance de estas conexiones y su impacto en la seguridad y la justicia en México.
La continua evolución de este caso subraya la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las altas esferas de poder y plantea preguntas cruciales sobre la integridad de las instituciones responsables de la seguridad nacional.
