Ayer en la comida una amiga comparaba con cierta gracia el caso de los perros de Iztapalapa con el de Florence Cassez. Las autoridades encuentran cinco personas muertas en Iztapalapa que mostraban mordeduras de perro y entonces inician una captura de canes callejeros en distintas partes de la ciudad. Los presenta como autores del crimen. La sociedad se indigna. La policía hace las pruebas pertinentes. No encuentra evidencia que pueda inculparlos y los exonera.
En el caso de Cassez, el sistema de justicia penal mexicano ha sido un poco más lento y su procedimiento más tortuoso para reconocer que en el asunto Cassez hay el mismo problema de fondo: la fabricación de culpables.
La última vez que la opinión pública se ocupó del asunto fue en marzo de 2012, cuando el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar argumentó, entre otras cosas, que el proceso penal en contra de Cassez tenía fallas de origen por la manera en que los agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) habían manipulado la realidad para presentar a Cassez como secuestradora, antes de llevarla al Ministerio Público. Zaldívar proponía su liberación inmediata.
Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte deliberaron. Zaldívar y Olga Sánchez Cordero estaban de un lado; los conservadores Jorge Pardo y Guillermo Ortiz, estaban del otro. El ministro José Ramón Cossío, cuyo voto definiría la cuestión, salió con un argumento enredado: sí encontraba que se habían violado los derechos constitucionales de la detenida, pero rechazó la liberación inmediata. El expediente se turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero para que ella elaborara un nuevo proyecto de sentencia.
Y es en eso en lo que estamos ahora. Como en el asunto de los perros, la ministra encuentra que las pruebas cruciales que inculpan a Cassez, es decir, los testimonios de los secuestrados Cristina Ríos Valladares y su hijo no son válidos porque ellos no identificaron a Cassez en sus declaraciones iniciales ante el Ministerio Público, sino que lo hicieron en los medios, luego del montaje y el show de televisión. Tampoco el testimonio de la otra víctima de ese secuestro procede, pues se ha demostrado que las declaraciones de Ezequiel Elizalde eran contradictorias.
A diferencia de los perros que han sido liberados, si gana el proyecto de Cordero, el asunto se pasará a un tribunal para que dicte una nueva sentencia. Como las pruebas presentadas originalmente no son válidas, lo más seguro es que finalmente las autoridades liberen a Cassez después de siete años de prisión.
Las sociedades protectoras de animales han puesto el grito en el cielo por la actuación de la policía en la detención de los perros. A mí me parece, como lo he expresado en otras ocasiones, que los ciudadanos debemos mover el foco de nuestra atención hacia la policía de Genaro García Luna, quien no fue cesado después de que se demostró este montaje, sino que se le nombró Secretario de Seguridad Pública y, en el sexenio que acaba de terminar, nos regaló episodios mediáticos igualmente fantásticos y nunca aclarados, como los tiroteos entre policías en el aeropuerto y en la carretera de Toluca, sólo por mencionar los dos últimos.
