AGENCIA
Veracruz.- En una alarmante situación que evidencia la impunidad en el estado, durante los últimos dos años, solo se han emitido ocho sentencias relacionadas con casos de desaparición de personas cometidas por particulares y por desaparición forzada. Esta preocupante información fue divulgada por Pedro Gilberto Lobato Cruz, coordinador de los Trabajos del Consejo Estatal Ciudadano del Mecanismo de Búsqueda de Personas, durante un conversatorio organizado por la Universidad Veracruzana.
Lobato Cruz señaló que, de las ocho sentencias registradas entre 2022 y lo que va de 2024, la mayoría involucra a individuos de mandos medios o bajos, y lamentó que no se haya logrado encausar a altos mandos. “No se tienen sentencias a personas que fungieron como los ejecutores”, enfatizó, manifestando que uno de los principales retos que enfrenta Veracruz es el acceso a la verdad.
El coordinador destacó que, si bien en algunos casos se ha logrado el regreso de personas a sus familias, persiste la duda sobre lo que realmente ocurrió, lo que añade un doloroso capítulo a la experiencia de las víctimas. “Las familias quedan desprotegidas y se enfrentan a instituciones que no les brindan el apoyo adecuado; muchas veces deben presentar pruebas ante las fiscalías, lo que no solo complica el proceso, sino que también deteriora su salud psíquica y física”, agregó.
La situación se vuelve más crítica al considerar que hay más de 5 mil personas desaparecidas en el estado. Según Lobato Cruz, muchas familias han tenido que profesionalizarse a través de organizaciones no gubernamentales para poder buscar a sus seres queridos, ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
Además, subrayó la necesidad de abrir un espacio de discusión sobre cómo la inacción y la falta de justicia afectan la salud mental de las familias. “Nos enfrentamos al miedo, a la pérdida de la fuerza y a la incertidumbre de si lograremos localizar a nuestras personas desaparecidas”, concluyó.
La escasa respuesta judicial en Veracruz revela no solo un fallo en la aplicación de la ley, sino también un profundo impacto en la vida de quienes esperan respuestas, un reto que requiere una atención urgente por parte de las autoridades estatales y federales. Las familias de las víctimas continúan en su búsqueda de justicia, enfrentando un sistema que muchas veces les da la espalda.
