AGENCIA
Nacional.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Luisa María Alcalde Luján, respecto a los amparos ganados por Grupo Salinas en un caso de evasión fiscal. La Corte afirmó que en el proceso se aplicaron las normas constitucionales correspondientes.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por el estado del trámite de los amparos directos en revisión 5654/2024 y 6321/2024, que favorecen a Grupo Salinas, dirigido por Ricardo Salinas Pliego. En una carta enviada a finales de agosto, señalaron que la conducta de la SCJN retrasaba la resolución de un caso que involucra más de 35 mil millones de pesos en impuestos no pagados.
Tras la admisión de los amparos por parte de la Corte, AMLO sugirió inicialmente la posibilidad de un juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña, aunque después descartó esta opción. “Acaba de permitir la entrada a dos expedientes que debió rechazar en términos estrictamente legales”, comentó el mandatario, refiriéndose a los impuestos adeudados.
La SCJN respondió días después, indicando que los acuerdos de trámite se dictaron conforme a las normas constitucionales y dentro de los tiempos previstos, tomando en cuenta la carga de trabajo y la fecha de presentación de los casos.
El Gobierno federal acusó a la Corte de incurrir en una conducta dilatoria que, según su versión, protege a quienes han incurrido en evasión fiscal por décadas. Señaló que esta situación violenta el artículo 17 constitucional y demandó una pronta resolución. Además, destacó que uno de los ministros tardó más de ocho meses en presentar un proyecto sobre el caso, el cual fue finalmente remitido al tribunal colegiado de origen.
El caso de evasión fiscal de Salinas Pliego, que abarca los ejercicios fiscales de 2006 y 2013, se ha prolongado por más de 16 y 11 años, respectivamente. Este conflicto legal se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial por la Reforma Judicial propuesta por el gobierno federal.