AGENCIA
Veracruz.- En al menos seis municipios de Veracruz, operan estaciones de carburación de gas de manera irregular, sin cumplir con las mínimas medidas de seguridad requeridas por la normativa de Protección Civil, según el reporte anual de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estas estaciones, descritas por el organismo como “clandestinas”, aunque visibles sobre carreteras y calles muy transitadas, continúan funcionando sin intervención de ninguna autoridad local, estatal o del sector energético.
La CRE advirtió sobre el aumento de estaciones clandestinas de gas en diversas entidades del país, incluyendo Veracruz. Estas estaciones no solo operan sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, sino que también venden gas de origen desconocido, no registrado en el padrón de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo que incrementa el riesgo para los consumidores. La calidad del gas y su procedencia son inciertas, lo que podría representar un peligro adicional para quienes lo adquieren.
Entre las estaciones señaladas en el informe se encuentra “Amerigas”, que ha extendido sus operaciones en los municipios de Omealca, Tezonapa, Córdoba, y Fortín. También se identificaron estaciones en Paso del Toro, Rancho del Padre y El Tejar en Medellín de Bravo, así como “El Gallito” en la región de Los Tuxtlas. Otras estaciones operan en la comunidad de Vargas, en Veracruz, y en Puente Jula, en Paso de Ovejas.
El reporte de la CRE destaca que, a pesar de las denuncias presentadas, las autoridades no han impedido la operación de estas estaciones clandestinas. La falta de medidas de seguridad adecuadas, el uso de materiales reciclados en su construcción, y la ausencia de verificación de cumplimiento de las normas exigidas, representan un grave riesgo tanto para la población como para los empleados de estas estaciones.
Además de los peligros para la seguridad, estas estaciones clandestinas representan una competencia desleal para aquellas que cumplen con todas las normativas fiscales, legales, laborales y de protección civil. En caso de un incidente, la falta de regulación y registro plantea la incertidumbre sobre quién podría asumir la responsabilidad y responder a los afectados.
