El miércoles, la justicia francesa se enfrenta a una decisión crucial: determinar si imputa y decreta prisión preventiva para Pavel Durov, el fundador de Telegram. Durov, que fue detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget, en el norte de París, está acusado de no haber actuado contra la difusión de contenidos delictivos en su plataforma de mensajería cifrada.
Tras varios días en custodia, Durov fue trasladado al Palacio de Justicia de París para su comparecencia. La acusación contra el multimillonario franco-ruso de 39 años incluye complicidad en delitos graves, como narcotráfico, pornografía infantil y blanqueo de dinero, que se habrían cometido a través de Telegram.
La compañía, con 900 millones de usuarios, defiende su postura alegando que cumple con las leyes de la Unión Europea y considera injusto responsabilizar a una plataforma por los abusos de sus usuarios. Telegram se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, enfatizando su compromiso con la privacidad.
La detención de Durov ha generado un gran revuelo internacional. Rusia ha calificado los cargos como “muy graves” y ha advertido a Francia contra cualquier intento de intimidación, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron ha negado que la detención tenga motivaciones políticas. La situación ha captado la atención de figuras influyentes como Elon Musk y Edward Snowden, quienes han expresado su apoyo al fundador de Telegram.
Además, la justicia francesa ha abierto una nueva investigación por “violencia grave” relacionada con uno de los hijos de Durov, nacidos en 2017 y que en su momento estaba escolarizado en París. La decisión sobre si Durov será liberado sin cargos, o si se le impondrán medidas de control judicial o prisión preventiva, está pendiente.
Durov, quien se ha mantenido en un perfil bajo y lleva una vida marcada por hábitos estrictos, se encuentra en el centro de un torbellino legal que podría tener repercusiones globales. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de este caso, que ha puesto a prueba las tensiones entre privacidad digital y la responsabilidad de las plataformas en la moderación de contenidos.
