AGENCIA
Xalapa, Ver.- La Fuerza Civil de Veracruz, una unidad táctica y de inteligencia creada en 2014, ha sido oficialmente desintegrada, según el decreto publicado el 23 de agosto en la Gaceta Oficial del Estado. La decisión, anunciada previamente por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez el 23 de junio, fue desencadenada tras un violento desalojo en la carretera Perote-Xalapa, en el que dos pobladores de San Antonio Limón Totalco perdieron la vida.
El desalojo ocurrió el 20 de junio, cuando un grupo de ciudadanos bloqueaba la carretera en protesta contra la empresa Granjas Carroll, acusándola de saqueo de agua y contaminación de mantos acuíferos. Elementos de la Fuerza Civil participaron en el operativo que terminó en tragedia.
El decreto establece la reforma del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz, que ahora centralizará el mando y operación del servicio de seguridad pública. Se fortalecerá la Subsecretaría de Operaciones, se creará la Dirección de Proximidad y Apoyo Ciudadano, y se extinguirá la Dirección General de la Fuerza Civil.
Los recursos humanos, financieros y materiales de la Fuerza Civil serán transferidos a la Subsecretaría de Operaciones, y su personal operativo será sometido a evaluaciones de control y confianza, además de recibir capacitación en Derechos Humanos y control de multitudes. Estos cambios deberán implementarse en un plazo máximo de 180 días naturales.
La Fuerza Civil fue presentada en 2014 por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la intención de crear una corporación bien equipada y capacitada para enfrentar la delincuencia en Veracruz. Sin embargo, tras casi una década de operación, su disolución marca el fin de una era en la seguridad pública del estado.
El personal administrativo de la Fuerza Civil será reasignado a áreas homólogas dentro de la Subsecretaría de Operaciones, y se ordena la homologación de uniformes y la eliminación de toda referencia a la Fuerza Civil en infraestructura y equipamiento en un plazo de 15 días hábiles.
Esta reestructuración responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el estado, según lo establecido en el decreto, aunque la decisión ha generado controversia en la opinión pública y entre los afectados por el desalojo violento que desencadenó esta medida.
